Caracas, 21 julio – La Fiscalía General de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación formal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por presuntos abusos cometidos contra migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y posteriormente encarcelados en la mega prisión salvadoreña conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, también señaló como investigados al ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y al director de Centros Penales, Osiris Luna. Los cargos incluyen “tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir”.
Durante una declaración a la prensa, Saab hizo un llamado a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que “actúen en consecuencia con estos hechos”, afirmando que se trata de una investigación contra “estos tres sujetos y los que puedan aparecer” como responsables.
El anuncio llega tres días después del polémico intercambio entre Caracas y Washington, mediante el cual Venezuela liberó a 10 reos estadounidenses y residentes permanentes, a cambio de recibir a más de 250 venezolanos detenidos previamente en El Salvador. Estos venezolanos habían sido deportados desde EE.UU. durante la administración de Donald Trump, que los acusó de pertenecer al Tren de Aragua, aunque no se presentó evidencia pública para respaldar esas afirmaciones.
Según informes oficiales, los deportados fueron confinados en el CECOT, una cárcel de máxima seguridad construida para reos vinculados a pandillas, donde, según organizaciones de derechos humanos, se han documentado torturas, muertes y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Maduro denunció que varios migrantes fueron golpeados brutalmente, y uno incluso perdió un riñón por las agresiones sufridas.
El Salvador había pactado en marzo un acuerdo con el gobierno de Trump para recibir seis millones de dólares a cambio de aceptar a los migrantes venezolanos. La medida fue enmarcada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII, utilizada para justificar deportaciones aceleradas.
El caso pone en entredicho las prácticas penitenciarias del gobierno de Bukele, reconocido por su dura política de seguridad, y añade una nueva dimensión diplomática a la ya compleja relación entre Venezuela, El Salvador y Estados Unidos.
