Tapachula (México), 2 jul.- La cancelación de la aplicación CBP One y otras políticas migratorias impulsadas por el expresidente estadounidense Donald Trump han intensificado la crisis migratoria en Tapachula, en el sur de México, donde los carteles se disputan el control de las rutas hacia la frontera norte en medio de una lucrativa red de tráfico de personas.
Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), denunció que los traficantes están cobrando entre 10.000 y 15.000 dólares por persona para cruzar México hasta Estados Unidos, generando violentos enfrentamientos entre grupos criminales por el control del negocio.
“Hay una lucha intestina entre los carteles y con la policía chiapaneca, porque la mitad del dinero que generan los traficantes se reparte con los grupos delictivos, lo que provoca esta guerra por el dominio de la ruta del tráfico y trata de personas”, señaló el activista.
Según testimonios de migrantes, los cruces se inician en el río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México, y desde allí se despliega una red de transporte clandestino que recorre el país hasta el norte. La migración irregular, lejos de detenerse, se ha transformado en un negocio millonario alimentado por la desesperación y la ausencia de vías legales.
Historias de vulnerabilidad y explotación
La cubana Ghislayne Jiménez Moret relató que pagó 5.000 dólares para llegar a Nicaragua desde su país, y luego otros traficantes la trasladaron hasta Tapachula. “Cuba está rodeada por mar, así que tenemos que salir por vuelos a países como Nicaragua, donde hay rutas establecidas por ‘coyotes’ que te cobran en dólares para cruzar hasta México”, explicó.
Psicóloga de profesión, ahora trabaja más de 17 horas diarias en una empacadora para cubrir los gastos básicos, sin posibilidad de regularizar su situación.
Por su parte, Fredy Lozano, migrante ecuatoriano, denunció extorsiones constantes por parte de autoridades migratorias durante su travesía. “Como no teníamos pasaporte ni visa, nos pedían dinero para dejarnos pasar. A mi familia le cobraron más por ser ecuatoriana”, detalló. Actualmente, limpia vidrios en Tapachula mientras espera una resolución legal para poder continuar su camino.
Medidas restrictivas aumentan la irregularidad
La administración de Trump ha eliminado programas como el parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, y suspendido la aplicación CBP One, que permitía gestionar citas para solicitar ingreso legal por la frontera. Estas decisiones han dejado a más de medio millón de migrantes en un limbo jurídico o en condición irregular.
Trump ha reiterado su intención de acelerar deportaciones y detenciones masivas si regresa a la Casa Blanca, como parte de su promesa electoral de expulsar a los más de 11 millones de indocumentados que viven en EE.UU., una política que, según expertos, podría agravar aún más la crisis humanitaria en las fronteras.
