Calgary, 30 junio.- En vísperas del Día de Canadá, la provincia de Alberta avanza en una ruta legal que podría allanar el camino hacia su independencia del país. A partir de este viernes 5 de julio, entrarán en vigor nuevas normas que reducirán los requisitos para iniciar un referéndum provincial, incluso sobre la separación de Canadá, una medida que ha reavivado el sentimiento soberanista en el oeste.
La reforma, impulsada por el gobierno del Partido Conservador Unido de la primera ministra Danielle Smith, disminuirá el umbral necesario para que los ciudadanos activen una consulta popular: ahora se requerirán 177.000 firmas en un plazo de 120 días, en una provincia de poco más de 4,7 millones de habitantes.
Petición de referéndum independentista en marcha
Mitch Sylvestre, director ejecutivo del Alberta Prosperity Project —un grupo no partidista que defiende la independencia provincial—, anunció que el mismo viernes presentará oficialmente una solicitud a Elections Alberta para convocar un referéndum sobre la soberanía de la provincia. La pregunta propuesta es directa y contundente:
«¿Está usted de acuerdo en que la provincia de Alberta se convierta en un país soberano y deje de ser una provincia de Canadá?»
Sylvestre dijo en declaraciones a medios locales: “No me sorprendería que, si ese referéndum se celebrara ahora mismo, incluso pudiéramos ganarlo”. El dirigente sostiene que hay un creciente descontento en Alberta con el gobierno federal, especialmente por políticas energéticas, fiscales y ambientales que muchos albertanos consideran perjudiciales para su economía.
Clima de tensión federal
La decisión de Alberta de facilitar la convocatoria de referendos coincide con un creciente sentimiento de alienación en las provincias del oeste canadiense. La percepción de que Ottawa impone políticas sin consultar o beneficiar adecuadamente a las regiones productoras de energía, como Alberta y Saskatchewan, ha alimentado propuestas que van desde una mayor autonomía hasta la secesión.
Aunque la Constitución canadiense no prevé una vía clara para la separación de una provincia, el precedente del referéndum de Quebec en 1995 y la referencia del Tribunal Supremo de 1998 indican que cualquier intento legítimo de secesión requeriría negociaciones con el gobierno federal y enmiendas constitucionales.
Danielle Smith y el enfoque soberanista
La primera ministra Danielle Smith, aunque no ha respaldado explícitamente la secesión, ha promovido una serie de iniciativas que amplían la autonomía provincial, incluida la controvertida Alberta Sovereignty Within a United Canada Act, aprobada en 2022. Esta ley permite al gobierno provincial desafiar leyes federales que considere inconstitucionales o perjudiciales para Alberta.
Smith ha insistido en que Alberta debe “tomar el control de su destino” en áreas clave como la energía, la inmigración, la sanidad y la justicia, pero ha evitado hasta ahora apoyar un camino claro hacia la independencia.
Reacciones divididas
Mientras sectores conservadores y libertarios celebran estas medidas como una forma legítima de protesta y autodefensa frente al centralismo federal, líderes de oposición y expertos constitucionales advierten del riesgo de alimentar tensiones que puedan fracturar la federación canadiense.
“El verdadero peligro aquí no es que Alberta se separe mañana, sino que se normalice el discurso separatista como respuesta permanente a cualquier desacuerdo con Ottawa”, señaló en un editorial el profesor Emmett Macfarlane, experto en derecho constitucional.
A solo días del aniversario 158 de la Confederación, Canadá se enfrenta a una renovada ola de regionalismo y cuestionamientos al federalismo moderno. Lo que ocurra en Alberta podría marcar un nuevo capítulo —o una grieta más profunda— en la historia del país.
