MONTREAL, 3 JUN.— Montreal ha dado un paso significativo en su lucha contra la crisis de vivienda con la implementación de nuevas regulaciones que restringen severamente los alquileres a corto plazo durante nueve meses del año. La medida, parte de una estrategia más amplia para recuperar unidades residenciales y mejorar la disponibilidad de viviendas accesibles, representa un cambio radical en cómo la ciudad aborda el impacto de plataformas como Airbnb.
Nuevas Reglas: Menos Flexibilidad, Más Control
A partir de ahora, solo se permitirá alquilar residencias principales por períodos de hasta 31 días entre el 10 de junio y el 10 de septiembre, coincidiendo con la temporada alta de turismo. Fuera de esta ventana, los propietarios enfrentan multas si intentan ofrecer sus viviendas en plataformas digitales sin cumplir con las estrictas condiciones establecidas. Además, cualquier persona interesada en operar un alquiler a corto plazo deberá obtener un permiso municipal de $300 y registrarse formalmente con la provincia.
Las unidades administradas comercialmente también están limitadas, confinándose a ciertas zonas específicas de la ciudad. Esto busca reducir la conversión masiva de viviendas residenciales en alojamientos temporales destinados principalmente a turistas.
Despina Sourias, concejala responsable de la vivienda, destacó que estas normativas buscan transferir la carga de la prueba desde los inspectores hacia los propietarios. “Antes teníamos que salir a ‘cazar’ infractores; ahora, si no tienes permiso o lo haces fuera del período permitido, automáticamente te multamos”, explicó Sourias en una entrevista.
Contexto: Un Cambio Necesario tras tragedias recientes
La decisión se produce tras una serie de eventos que pusieron de relieve los riesgos asociados con los alquileres a corto plazo no regulados. En marzo de 2023, un incendio en un edificio del Viejo Montreal dejó siete muertos, seis de ellos alojados en propiedades listadas en Airbnb que no estaban autorizadas según las leyes locales. Este incidente impulsó cambios legislativos provinciales que obligaron a plataformas como Airbnb a incluir números de licencia turística en todos los anuncios.
El gobierno provincial también fortaleció la vigilancia mediante la contratación de equipos especializados en inspecciones, aunque el problema persistía debido a la facilidad con la que algunos propietarios podían falsear información sobre sus propiedades. Según cifras oficiales, más de la mitad de las 4.000 unidades disponibles en plataformas de alquiler no cumplían con las reglas existentes.
Resistencia y Debate
Las nuevas restricciones han generado fuertes reacciones tanto dentro como fuera de la ciudad. Alex Howell, representante de Airbnb en Canadá, calificó las medidas de “extremas y miope” y advirtió que podrían encarecer los costos hoteleros y perjudicar a residentes locales que dependen de estos ingresos adicionales. “Esto debilitará la capacidad de Montreal para atraer visitantes durante todo el año”, declaró Howell.
Saif Yousif, administrador de propiedades, compartió preocupaciones similares, argumentando que las normas vigentes ya eran suficientemente estrictas y que estas nuevas restricciones complicarán aún más la vida de los propietarios que desean alquilar sus casas temporalmente. Para él, la solución real pasa por construir más viviendas, no por limitar las opciones de uso de las existentes.
Por su parte, el departamento de turismo provincial criticó las regulaciones, sugiriendo que podrían empujar a más operadores al mercado ilegal y no resolverían efectivamente la escasez de vivienda.
Un Enfoque Innovador
David Wachsmuth, experto en gobernanza urbana de la Universidad McGill, defiende las nuevas reglas como una herramienta eficaz para combatir los abusos del sistema. Según Wachsmuth, investigaciones muestran claramente que comunidades que regulan los alquileres a corto plazo experimentan un crecimiento más lento en precios de alquiler en comparación con aquellas que no lo hacen.
Además, Wachsmuth señala que las nuevas normas simplificarán enormemente la aplicación de la ley. “Cualquiera que gestione un Airbnb fuera de las áreas designadas será automáticamente considerado ilegal fuera de la temporada de verano”, afirmó. Esto elimina la necesidad de largas investigaciones para determinar quién es realmente un residente principal, facilitando el trabajo de los inspectores municipales.
Conclusiones
La medida adoptada por Montreal refleja un esfuerzo deliberado por priorizar la vivienda accesible sobre los beneficios económicos derivados del turismo. Si bien genera controversia, especialmente entre actores del sector turístico y propietarios afectados, estudios respaldan su potencial para mitigar la presión sobre el mercado inmobiliario local.
Este caso ejemplifica cómo ciudades enfrentadas a retos complejos deben equilibrar intereses económicos con necesidades sociales fundamentales. Queda por verse si Montreal logrará revertir la tendencia alcista en precios de vivienda y convertirse en un modelo para otras urbes que luchan contra problemas similares.
