BOGOTÁ, 30 MAYO – El Consejo de Estado de Colombia aceptó este jueves una demanda presentada por Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, en contra de un nuevo decreto del Gobierno que adelanta el cobro parcial del impuesto de renta correspondiente al año 2026. Esta medida busca mitigar la crisis de liquidez del Estado colombiano, pero ha generado polémica entre sectores económicos y sociales, quienes la califican como una «reforma tributaria escondida».
Detalles de la demanda
La acción legal fue interpuesta contra el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En su denuncia, Soler argumenta que el decreto viola «flagrantemente» la Constitución Política de Colombia, específicamente el principio de legalidad tributaria. Además, solicita la suspensión provisional del decreto como medida cautelar para evitar afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional.
En su cuenta de X, Soler expresó: «Ante el tremendo raponazo (robo) que pretende realizar Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dian al bolsillo de todos los colombianos, presenté demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.»
Contenido del decreto
El decreto, emitido recientemente por el Ministerio de Hacienda, modifica las tarifas de retención en la fuente y autorretenciones aplicables desde el próximo domingo 1 de junio. Las actividades más impactadas serán aquellas relacionadas con la extracción de oro y otros metales preciosos, gas natural, carbón y la generación de energía eléctrica, todas con una nueva tarifa del 4,5 %.
Esta medida se adopta tras el fracaso en diciembre pasado del proyecto de ley para una segunda reforma tributaria, que buscaba recaudar 9,8 billones de pesos (unos 2,389 millones de dólares actuales) para financiar parte del presupuesto de 2025. Según el gobierno, esta situación lo obligó a implementar ajustes en diversas áreas y a buscar soluciones alternativas para enfrentar la coyuntura fiscal.
Rechazo de gremios y sectores opositores
El Consejo Gremial Nacional (CGN), que agrupa a importantes organizaciones empresariales del país, criticó duramente el decreto mediante un comunicado oficial. Según el CGN, esta medida impone una carga anticipada que perjudica negativamente el crecimiento económico y afecta severamente la liquidez de las empresas.
«El país necesita decisiones responsables, diálogo real y un entorno regulatorio que respalde al sector productivo. No es con medidas improvisadas y de alto costo económico que se construyen condiciones para la sostenibilidad fiscal», subrayó el CGN.
Además, líderes políticos opositores como la senadora María Fernanda Cabal y el exsenador David Luna han anunciado planes para presentar demandas adicionales contra el decreto. Cabal denunció que Petro está intentando aprobar una reforma tributaria sin pasar por el Congreso, mientras que Luna acusó al gobierno de promover una política fiscal «confiscatoria» destinada a financiar campañas electorales bajo la excusa de estabilizar las finanzas públicas.
Cabal escribió en X: «Esto es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso de la República. Petro quebró el país y los que paguen no pueden ser los colombianos.»
Por su parte, Luna añadió: «Este decreto es una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas. Es una política fiscal improvisada y regresiva.»
Posición del Gobierno
El Ejecutivo justifica la medida argumentando que heredó una alta deuda pública del gobierno anterior, encabezado por Iván Duque, y que la política monetaria del Banco de la República, caracterizada por reducciones lentas en la tasa básica de interés, ha complicado aún más la situación económica. Petro aseguró que estas acciones buscan evitar que el costo de la crisis recaiga principalmente sobre los sectores más vulnerables de la población.
A pesar de las críticas, el gobierno sostiene que esta estrategia es necesaria para garantizar la viabilidad fiscal del Estado, dado que otras fuentes de ingresos no lograron materializarse debido a la falta de consenso político en temas legislativos clave.
Implicaciones y próximos pasos
El caso ahora estará en manos del Consejo de Estado, quien deberá decidir si procede a admitir la demanda formalmente y determinar si aplica la medida cautelar solicitada para suspender temporalmente el decreto. Si prospera la acción judicial, podría abrirse un debate más amplio sobre el papel del ejecutivo en la creación de normas fiscales sin pasar por el Congreso, cuestionando la constitucionalidad de dichas prácticas.
Mientras tanto, el conflicto entre el gobierno y los sectores empresariales continúa escalando. Organizaciones gremiales han advertido que emprenderán acciones legales adicionales para combatir lo que consideran una política fiscal «improvisada y regresiva». Este escenario refleja una creciente polarización en torno a las estrategias del presidente Petro para gestionar las finanzas públicas en medio de una delicada situación económica.
El fallo del Consejo de Estado será crucial para definir si el decreto puede mantenerse vigente o si debe ser anulado, impactando directamente en las finanzas del Estado y en la confianza de los contribuyentes y empresarios colombianos. La decisión también servirá como precedente sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia tributaria durante periodos de crisis fiscal.
