WASHINGTON, 17 mayo.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha solicitado al Pentágono el despliegue de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional para intensificar las redadas de inmigración en todo Estados Unidos, según confirmó un funcionario federal a The Associated Press. Esta solicitud representa un paso significativo en los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por cumplir su promesa de “arrestar y deportar a los extranjeros ilegales criminales”, una medida que ha sido central en su agenda de seguridad nacional.
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, declaró que esta solicitud responde al “mandato recibido del pueblo estadounidense”. Según McLaughlin, el departamento “usará todas las herramientas y recursos disponibles” para garantizar la seguridad de los ciudadanos. A diferencia de los despliegues previos en la frontera con México, estos efectivos provendrían de los estados y se enfocarían en operaciones de deportación en el interior del país, donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) enfrenta limitaciones de personal.
Un Refuerzo Masivo para ICE
La incorporación de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional duplicaría prácticamente la capacidad operativa del ICE, cuya división de Operaciones de Ejecución y Remoción —responsable de arrestar y expulsar a personas sin derecho a permanecer en el país— cuenta actualmente con unos 7.700 empleados, incluidos poco más de 6.000 agentes.
El DHS no ha especificado cómo se distribuirán las tareas entre los efectivos militares y los agentes federales, pero la solicitud plantea serias preguntas sobre el uso de recursos militares en labores policiales internas. Según la ley Posse Comitatus, los efectivos bajo órdenes federales no pueden participar directamente en funciones de aplicación de la ley dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, si los soldados permanecen bajo el control de los gobernadores estatales, podrían participar en estas actividades, siempre que las legislaciones locales lo permitan.
Precedentes y Preocupaciones
Esta solicitud marca un cambio radical en la estrategia migratoria del gobierno federal. Hasta ahora, las fuerzas militares han estado principalmente desplegadas a lo largo de la frontera con México, donde cerca de 10.000 efectivos han proporcionado apoyo logístico, vigilancia y transporte aéreo, dejando las detenciones en manos de agentes fronterizos. Sin embargo, ampliar este alcance al interior del país podría generar tensiones legales, políticas y sociales.
El uso de la Guardia Nacional en operaciones internas también podría enfrentar resistencia por parte de algunos gobernadores, especialmente aquellos de estados demócratas, quienes tienen el poder de rechazar la movilización de tropas bajo su jurisdicción. Además, grupos defensores de los derechos humanos han criticado duramente estas medidas, argumentando que militarizar la inmigración podría llevar a abusos y violaciones de derechos civiles.
Contexto Político y Legal
La solicitud ocurre en medio de una ofensiva migratoria sin precedentes liderada por Trump, quien desde su regreso al poder ha emitido una serie de órdenes ejecutivas destinadas a frenar lo que califica como una “invasión” a Estados Unidos. En paralelo, el Pentágono ha designado dos zonas militares en la frontera con México, donde los efectivos han colocado señales de advertencia y acompañado a agentes fronterizos en patrullajes.
Sin embargo, recientes decisiones judiciales han complicado la implementación de estas políticas. En Nuevo México, magistrados federales han comenzado a desestimar cargos de seguridad nacional contra migrantes acusados de cruzar la frontera a través de áreas militarizadas, argumentando que no había pruebas claras de que los acusados supieran de la existencia de dichas zonas.
Preguntas Pendientes
Aunque el DHS asegura que la seguridad nacional es su máxima prioridad, aún no está claro por qué se hizo la solicitud al Departamento de Defensa en lugar de coordinar directamente con los estados. El funcionario federal que habló con The Associated Press pidió mantener el anonimato debido a que muchos detalles de la solicitud aún no han sido divulgados públicamente.
Mientras tanto, expertos en seguridad y política migratoria advierten que esta medida podría tener implicaciones duraderas en las relaciones entre el gobierno federal, los estados y las comunidades inmigrantes. ¿Logrará el DHS obtener el apoyo necesario para implementar esta iniciativa? Y, más importante aún, ¿qué impacto tendrá en los millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos?
La respuesta a estas preguntas dependerá de cómo evolucione el debate político y legal en los próximos días, mientras el país observa con atención el siguiente movimiento del gobierno federal.
