BOGOTÁ, 28 de abril.- Un ataque perpetrado por disidencias de la antigua guerrilla de las FARC dejó varios militares colombianos muertos y otros secuestrados este domingo en el departamento del Guaviare, una remota región en el sureste de Colombia. El incidente ha generado consternación nacional y críticas al gobierno por la creciente inseguridad en zonas rurales del país.
El Ataque: Lo Que Se Sabe Hasta Ahora
Según informes preliminares de medios locales, como la emisora Guaviare Estéreo, el ataque dejó al menos nueve militares muertos y varios secuestrados. Sin embargo, el Gobierno colombiano no ha confirmado oficialmente estas cifras, ya que la situación sigue siendo “en desarrollo”, según un comunicado del Ejército Nacional.
El Ejército detalló que el ataque ocurrió en Charras, un caserío rural del Guaviare, donde los militares realizaban labores de seguridad en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR). Estos espacios fueron establecidos tras el acuerdo de paz de 2016 para facilitar la reincorporación de excombatientes de las FARC a la vida civil.
El grupo armado responsable sería la estructura John Linares, perteneciente al Estado Mayor de Bloques (EMB), una facción disidente liderada por alias ‘Iván Mordisco’. Esta organización se escindió del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, con la cual el Gobierno actualmente mantiene negociaciones de paz.
Reacción del Ejército y Medidas Inmediatas
El Ejército anunció el despliegue inmediato de refuerzos militares hacia la zona, junto con la activación de capacidades de inteligencia, movilidad aérea y operaciones especiales. Según el comunicado, estas acciones buscan “reforzar la maniobra militar en el área” y garantizar la seguridad de los soldados y civiles afectados.
Sin embargo, las críticas no tardaron en surgir. Políticos opositores y líderes regionales han cuestionado la estrategia de seguridad del presidente Gustavo Petro, argumentando que su enfoque en diálogos de paz ha permitido que grupos armados ilegales se fortalezcan.
Críticas al Gobierno y Contexto de Inseguridad
La gobernadora del departamento del Meta, Rafaela Cortés, lamentó el ataque y expresó su dolor por las víctimas militares. En redes sociales, destacó que el incidente ocurrió en un contexto de deterioro del orden público, atribuyendo esta situación al manejo inadecuado de los procesos de paz por parte del gobierno de Petro.
Por su parte, el senador Honorio Henríquez, del partido opositor Centro Democrático, fue más allá y acusó directamente a las disidencias de las FARC de cometer el ataque. En su cuenta de X (anteriormente Twitter), Henríquez aseguró que nueve soldados fueron asesinados y varios secuestrados, calificando a los responsables como “criminales y narcoterroristas”.
También la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, criticó duramente al presidente Petro, señalando que mientras homenajea a miembros del desmovilizado grupo guerrillero M-19, del cual formó parte en su juventud, “los terroristas de las FARC asesinan y secuestran a nuestros soldados en el Guaviare”.
La senadora Berenice Bedoya, del partido Alianza Social Independiente (ASI), coincidió en que el incidente evidencia la falta de voluntad de negociación por parte de los grupos armados ilegales. Exigió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, coordinar esfuerzos con alcaldes y gobernadores para reforzar la seguridad en las zonas más críticas del país.
Deterioro del Orden Público
El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia en Colombia. El pasado viernes, el ministro de Defensa denunció que entre el 15 y el 25 de abril, once policías y cuatro soldados fueron asesinados en diferentes regiones del país. Estos crímenes fueron atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, una organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico.
El conflicto armado interno en Colombia ha resurgido en varias regiones debido a la fragmentación de las disidencias de las FARC, así como a la presencia de otros actores ilegales, como el ELN y grupos paramilitares. Aunque el gobierno de Petro ha priorizado los diálogos de paz, muchos sectores acusan a su administración de no haber logrado avances significativos en materia de seguridad.
Respuesta Gubernamental y Futuro Incierto
Para determinar lo ocurrido en el Guaviare, el jefe de Operaciones del Ejército, general Erick Rodríguez, y el Inspector del Ejército, general Olveiro Pérez Mahecha, viajaron a San José del Guaviare, la capital departamental, para evaluar la situación sobre el terreno.
Mientras tanto, el presidente Petro enfrenta una creciente presión política por su estrategia de paz, especialmente después de que el pasado 18 de abril ordenara la suspensión de las operaciones militares contra el EMB, un día después de no prorrogar el cese al fuego bilateral con esa disidencia.
El ataque en el Guaviare subraya los desafíos que enfrenta Colombia en su transición hacia la paz. Mientras el gobierno busca avanzar en los diálogos, la persistencia de la violencia y la actividad de grupos armados ilegales ponen en duda la efectividad de sus políticas. La ciudadanía, cada vez más preocupada, exige respuestas concretas para garantizar la seguridad en las zonas rurales y proteger a las fuerzas militares desplegadas en estas áreas.
Conclusión: Un País Dividido Entre Paz y Violencia
El ataque en el Guaviare no solo representa una tragedia para las familias de los militares afectados, sino también un recordatorio de los retos que enfrenta Colombia en su búsqueda de paz. Las disidencias de las FARC, junto con otros grupos armados, continúan operando en las sombras, aprovechando vacíos de poder y debilidades institucionales.
El gobierno de Petro tiene ante sí una tarea titánica: equilibrar los esfuerzos de paz con la necesidad de garantizar seguridad a nivel nacional. Sin embargo, como lo demuestra este trágico incidente, el camino hacia la reconciliación está lejos de ser lineal y requiere no solo voluntad política, sino también una estrategia integral que aborde las causas profundas del conflicto.
