NUEVA YORK, 5 de abril.- Las autoridades del estado de Nueva York han rechazado firmemente las exigencias del gobierno de Donald Trump de eliminar las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas, a pesar de las amenazas de cancelar la financiación federal para la educación. En una carta enviada el viernes al Departamento de Educación federal, Daniel Morton-Bentley, asesor y subcomisionado del Departamento de Educación de Nueva York, argumentó que no existen leyes federales o estatales que respalden tales demandas.
La Respuesta de Nueva York: Un Rechazo Firme
En su carta, Morton-Bentley señaló que las autoridades estatales no reconocen ninguna base legal que permita al Departamento de Educación federal exigir la eliminación de los programas DEI ni imponer sanciones financieras sin un proceso administrativo formal.
“Entendemos que la administración actual busca censurar cualquier cosa que considere ‘diversidad, equidad e inclusión’”, escribió Morton-Bentley. “Pero no existen leyes federales o estatales que prohíban los principios de la DEI”.
El funcionario destacó que el Departamento de Educación de Nueva York ya ha certificado en múltiples ocasiones su cumplimiento con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluyendo una certificación reciente en enero de este año. Según Morton-Bentley, las nuevas exigencias de la administración Trump se basan en una interpretación legal errónea y no justifican una certificación adicional.
Las Exigencias Federales: Una Amenaza Financiera
El jueves, el gobierno de Trump ordenó a las escuelas de educación básica en todo el país que certifiquen, en un plazo de diez días, su cumplimiento con las leyes federales de derechos civiles y la eliminación de cualquier práctica relacionada con la DEI. Esta medida fue presentada como una condición para continuar recibiendo financiamiento federal, especialmente bajo el programa del Título I, que asigna miles de millones de dólares anuales a las escuelas de bajos ingresos.
Craig Trainor, secretario asistente interino de derechos civiles, defendió la medida argumentando que la financiación federal es un “privilegio, no un derecho”. Según Trainor, muchas escuelas han utilizado programas DEI para discriminar a ciertos grupos de estadounidenses en favor de otros, violando así las leyes federales de derechos civiles.
Sin embargo, Morton-Bentley criticó esta postura, señalando que representa un “cambio abrupto” respecto a la posición adoptada por la primera administración de Trump. Citó declaraciones de Betsy DeVos, exsecretaria de Educación, quien en 2020 describió la diversidad y la inclusión como “piedras angulares del alto rendimiento organizacional”.
“La administración no ha proporcionado ninguna explicación de por qué cambió de postura”, escribió Morton-Bentley.
Críticas a la Medida Federal
Los críticos de la demanda de certificación han señalado que contradice la promesa de Trump de devolver el control educativo a los estados y las escuelas locales. Además, han argumentado que la amenaza de sanciones financieras es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para reprimir iniciativas que considere contrarias a sus prioridades políticas.
Esta táctica no es nueva. En el pasado, el gobierno de Trump ha utilizado amenazas similares contra universidades en su intento de frenar protestas contra Israel, que considera antisemitas. Sin embargo, estos esfuerzos han generado resistencia significativa, tanto a nivel estatal como local.
Un Precedente en Nueva York: La Lucha por el Transporte Público
El enfrentamiento entre Nueva York y la administración Trump también se ha manifestado en otros frentes. Por ejemplo, el estado se negó anteriormente a cumplir con una demanda federal de eliminar un programa de financiamiento para el transporte público en la ciudad de Nueva York, que incluía la implementación de altos peajes para automóviles que ingresaban a Manhattan.
Este patrón de resistencia refleja una creciente tensión entre los estados liderados por demócratas y la administración republicana, particularmente en temas relacionados con la educación, la igualdad y la autonomía local.
Consecuencias Potenciales
Aunque el gobierno federal tiene el poder de retirar fondos federales, hacerlo podría generar controversias legales y políticas significativas. Los estados afectados podrían argumentar que dichas medidas violan los derechos constitucionales y las normas establecidas sobre la distribución de recursos federales.
Además, la eliminación de programas DEI podría tener un impacto negativo en las comunidades marginadas, que dependen de estas iniciativas para garantizar oportunidades educativas equitativas. Para muchos, los programas DEI son herramientas esenciales para abordar desigualdades históricas y promover la inclusión en las escuelas públicas.
Conclusión: Un Futuro Incierto para la Educación Pública
El enfrentamiento entre Nueva York y la administración Trump subraya las tensiones ideológicas que marcan la política educativa en Estados Unidos. Mientras el gobierno federal busca imponer una agenda específica, los estados liderados por demócratas están decididos a proteger sus valores e iniciativas locales.
El desenlace de este conflicto dependerá de cómo ambas partes manejen las disputas legales y políticas. Sin embargo, está claro que las prácticas DEI seguirán siendo un campo de batalla clave en la lucha por el futuro de la educación pública en Estados Unidos.
Para Nueva York, defender estos principios no solo es una cuestión de política, sino también de justicia social y compromiso con la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
