MADRID, 27 de marzo.- La Comunidad de Madrid anunció este miércoles una ampliación de la gratuidad del abono transporte infantil, extendiendo el beneficio de los 7 años actuales hasta los 14 años. Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de julio y beneficiará a casi 600.000 jóvenes, según informó el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes. Además, se mantiene la gratuidad para mayores de 65 años, que ya disfrutan de esta ventaja más de un millón de personas.
Sin embargo, el anuncio ha generado una disputa política entre el Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, debido a la financiación detrás de la medida.
El Anuncio de la Comunidad de Madrid
En un comunicado oficial, el Ejecutivo regional destacó que la ampliación del abono infantil forma parte de su compromiso con la movilidad sostenible y la reducción de costes para las familias. Según indicaron, esta iniciativa busca fomentar el uso del transporte público entre los jóvenes, promoviendo hábitos responsables desde edades tempranas.
El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid subrayó que esta medida responde a las demandas ciudadanas y refuerza el papel de la región como líder en políticas de movilidad accesible.
La Réplica del Ministerio de Transportes
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respondió al anuncio acusando al Gobierno regional de “ocultar” que la gratuidad del transporte está financiada por el Estado central. Según el Ministerio, la medida forma parte de un programa nacional de ayudas específicas destinadas a rebajar el precio del transporte para viajeros habituales y promover su uso durante el segundo semestre del año.
En un comunicado, el Ministerio aseguró que la Comunidad de Madrid está incumpliendo de manera deliberada una obligación recogida en la convocatoria de estas ayudas: informar claramente a los usuarios de que los descuentos implementados cuentan con financiación del Ministerio. El artículo 14 del Real Decreto Ley 1/2025 establece explícitamente que debe hacerse constar esta información.
«La Comunidad de Madrid está jugando a confundir, a contar medias verdades y a intentar ocultar la realidad en su propio beneficio», declararon desde el Ministerio. Además, advirtieron que la persistencia en esta “omisión deliberada” podría acarrear sanciones para el Ejecutivo regional.
El Debate Político
El enfrentamiento entre ambos niveles de gobierno refleja una tensión recurrente entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid. Mientras el Gobierno regional atribuye la medida a sus propias políticas, el Ministerio insiste en que es resultado de una inversión nacional diseñada para apoyar la movilidad sostenible en todo el país.
Desde el Ejecutivo de Ayuso, se defiende que la gestión regional ha sido clave para implementar la gratuidad en los términos acordados. Sin embargo, el Ministerio critica lo que considera una falta de transparencia y un intento de apropiarse de una iniciativa financiada con fondos públicos nacionales.
Impacto en los Ciudadanos
Más allá de la disputa política, la ampliación de la gratuidad del abono transporte infantil representa un alivio económico significativo para miles de familias madrileñas. Los menores de entre 7 y 14 años podrán utilizar el transporte público sin costo alguno, lo que podría incentivar un mayor uso de medios sostenibles y reducir la dependencia del vehículo privado.
Asimismo, la gratuidad para mayores de 65 años, que se mantiene vigente, sigue siendo una medida valorada por los residentes de la región, especialmente en un contexto de creciente inflación y aumento del costo de vida.
Conclusión
La polémica entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid pone de manifiesto las tensiones políticas en torno a la atribución de logros y la gestión de fondos públicos. Mientras tanto, la medida en sí supone un avance importante para la movilidad sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos, quienes serán los principales beneficiarios de esta política.
Queda por ver si la Comunidad de Madrid ajustará su comunicación para cumplir con las exigencias del Ministerio o si el conflicto escalará hacia sanciones formales. Lo cierto es que, independientemente de quién reclame el mérito, los usuarios del transporte público son los ganadores de esta iniciativa.
