Puerto del Rosario (Fuerteventura), 24 de marzo — “¡Soy ciudadano español peruano!” exclama Jesús, un joven de 35 años con un 71 % de discapacidad intelectual, mientras camina radiante por los pasillos de una notaría en Puerto del Rosario tras jurar la Constitución española. Este momento marca el final de una larga y ardua lucha legal que permitió a Jesús obtener la nacionalidad española sin tener que someterse al examen de conocimientos políticos y culturales, un requisito habitual que parecía insuperable para alguien en su situación.
Jesús llegó a Fuerteventura el 6 de diciembre de 2014, junto a sus padres, Nancy y Jesús, emigrantes peruanos que dejaron Lima hace más de dos décadas en busca de un futuro mejor para sus tres hijos. Desde pequeño, Jesús enfrentó desafíos significativos debido a las secuelas físicas y cognitivas provocadas por una meningitis contraída poco después de su nacimiento.
Una Lucha Sin Precedentes
Para Nancy, la madre de Jesús, traerlo a España fue ya una batalla titánica. Cuando intentó reunificar a su familia, descubrió que sus ingresos no cumplían los requisitos exigidos para reagrupar a todos sus hijos. Con el tiempo, logró consolidarse en España: consiguió empleo, obtuvo el permiso de residencia y, finalmente, la nacionalidad española. Pero cuando solicitó la misma condición para Jesús, el Ministerio de Justicia le comunicó en marzo de 2024 que no podía eximirlo del examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España administrado por el Instituto Cervantes. Según la institución, su discapacidad “no era causa suficiente” para dispensarlo.
El examen, compuesto por 25 preguntas, evalúa temas como la legalidad de los matrimonios del mismo sexo, la asociación de monumentos históricos con ciudades específicas, o detalles sobre tradiciones culturales. Para personas con discapacidades intelectuales, estas pruebas representan barreras prácticamente infranqueables.
Con el apoyo de la asociación Entre Mares, Nancy presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y recurrió la decisión. Finalmente, el esfuerzo dio frutos: se reconoció que Jesús no debía someterse al examen. Sin embargo, esto no garantizaba automáticamente la nacionalidad. Fue el 13 de febrero cuando recibió la notificación oficial de que había sido aceptado como ciudadano español por residencia.
Un Día Histórico
El día de la ceremonia en la notaría, Nancy preparó un banquete especial con arroz con pollo y papas a la huancaína, plato favorito de Jesús y símbolo de su herencia peruana. Minutos antes de entrar al acto, confesó a EFE que el camino hasta este momento había sido extremadamente difícil: “Me he sentido nerviosa y preocupada. Había perdido la esperanza porque pensaba que no se iba a lograr después de tantas apelaciones y ver que no nos contestaban”.
Lo más duro, aseguró, fue “la incertidumbre y el temor de que algo pudiera pasarle a nosotros, sus padres, y no saber qué sería de él”. Ahora, con la nacionalidad en mano, Nancy siente alivio: “Su situación va a cambiar porque podremos hacer todos los trámites necesarios para protegerlo”.
“Quiero Ser Majorero Toda la Vida”
Jesús, quien trabaja desde 2018 en el Complejo Ambiental de Zurita a través de la asociación Adisfuer, describe este logro como “un sueño cumplido”. Con una sonrisa inmensa, afirma: “Me siento contento y feliz. Quiero ser majorero toda la vida”.
Este caso representa un precedente importante en la lucha por los derechos de las personas con discapacidades intelectuales en procesos migratorios. La perseverancia de Nancy y el apoyo de organizaciones como Entre Mares han demostrado que es posible superar barreras burocráticas cuando se aboga por la inclusión y la justicia social.
Con esta victoria, Jesús no solo gana un nuevo estatus legal, sino también la certeza de pertenecer plenamente a la comunidad que ha sido su hogar durante casi una década. Su historia inspira y pone de relieve la importancia de reformas que consideren las realidades de quienes enfrentan desafíos únicos en su camino hacia la ciudadanía.
