MADRID, 12 de marzo.— A cinco años del inicio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha emitido un comunicado en el que afirma que el número real de fallecidos en residencias durante los primeros meses de la crisis sanitaria fue de 4.100 personas, desmintiendo así la cifra de 7.291 muertos que había sido reportada en su momento. Según el Ejecutivo madrileño, esta última cifra fue un “invento” del entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos.
El anuncio coincide con el quinto aniversario de la pandemia y llega en un contexto de creciente debate sobre la gestión de la crisis en las residencias de mayores, uno de los episodios más dolorosos y controvertidos de la primera ola de la COVID-19 en España.
El Comunicado de la Comunidad de Madrid
En el documento, el gabinete de Ayuso asegura que busca ofrecer “los datos exactos” sobre lo ocurrido en las residencias durante los meses críticos de marzo y abril de 2020. Sin embargo, el informe no incluye cifras globales de contagios ni el total de fallecidos en la región, limitándose únicamente a cuestionar la cifra de 7.291 muertos atribuida previamente.
El Gobierno regional acusa a la izquierda de haber montado un “tribunal popular” para juzgar lo ocurrido en las residencias con “datos falsos”. En particular, critica a la ‘Comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid’, a la que describe como un grupo formado por “destacados miembros o simpatizantes de la izquierda” interesados en construir un “relato falso” ante las sentencias judiciales que han rechazado sus demandas.
Esta comisión había elaborado un informe en el que se afirmaba que entre marzo y abril de 2020 murieron 9.470 usuarios de residencias, de los cuales 7.291 no recibieron atención hospitalaria. Según el Ejecutivo madrileño, esta cifra es una “falsedad” creada por Reyero, a quien acusan de haber sido “apartado de sus responsabilidades por ineficaz”.
La Respuesta de Alberto Reyero
El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha respondido este miércoles a las acusaciones del Gobierno regional, negando rotundamente que exista algún “invento” en las cifras facilitadas en su momento.
“No hay ningún invento de ningún número”, declaró Reyero a EFE. “Los datos que se trasladaron, vía portal de transparencia, son los que nosotros trasladábamos diariamente a la Consejería de Sanidad, al Ministerio de Sanidad y a la Fiscalía”, explicó.
Según Reyero, las cifras publicadas reflejaban la información recopilada por los funcionarios de la Consejería a través de llamadas diarias a cada residencia. Estas cifras incluían tanto a personas que habían fallecido confirmadas por COVID-19 como a aquellas con síntomas compatibles con el virus, en un momento en el que no siempre era posible realizar pruebas diagnósticas.
“Es sorprendente que cinco años después salgan con una cifra diferente de las estadísticas que teníamos día a día y que eran las que facilitábamos a todas las instituciones”, señaló Reyero.
El exconsejero también sugirió que el cambio de cifras podría estar motivado por otros intereses políticos, como la emisión del documental ‘7.291’ en La 2 de RTVE, programado para este jueves, o el avance de una demanda colectiva presentada por más de un centenar de familias afectadas.
“Yo no le deseo mal a nadie, pero lo que me gustaría es que se supiera la verdad. Hasta ahora, no ha habido ocasión para conocerla ni en una comisión de investigación ni en los juzgados. A partir de ahí, que sea lo que la justicia decida”, concluyó.
Un Debate Abierto Cinco Años Después
La disputa sobre las cifras de fallecidos en las residencias refleja la polarización política que ha marcado el análisis de la gestión de la pandemia en España. Mientras el Gobierno de Ayuso intenta minimizar las cifras y defender su actuación, sectores de la oposición y organizaciones ciudadanas reclaman transparencia y responsabilidad.
Para muchos familiares de las víctimas, el debate sobre los números no es solo técnico, sino emocional. Durante años, han exigido respuestas claras sobre lo ocurrido en las residencias, donde muchas personas murieron sin recibir atención médica adecuada y, en algunos casos, sin que sus seres queridos pudieran despedirse de ellas.
El Contexto Político y Social
El quinto aniversario de la pandemia ha resucitado el debate sobre cómo se gestionó la crisis en las residencias, un tema que sigue siendo una herida abierta en la sociedad española. Las acusaciones cruzadas entre el PP y Ciudadanos, así como las críticas de la izquierda, evidencian la dificultad de llegar a un consenso sobre lo sucedido.
El comunicado de la Comunidad de Madrid parece estar dirigido, en parte, a contrarrestar iniciativas como el documental ‘7.291’ y la demanda colectiva de las familias, que buscan mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia.
Conclusión: ¿Hacia la Verdad o Más División?
Cinco años después del inicio de la pandemia, el debate sobre las cifras de fallecidos en las residencias de Madrid sigue siendo un tema sensible y polémico. Mientras el Gobierno regional intenta reescribir la narrativa oficial, las voces de las familias y las organizaciones ciudadanas continúan exigiendo transparencia y rendición de cuentas.
“Lo importante no es quién tiene razón en los números, sino que se reconozca el sufrimiento de quienes perdieron a sus seres queridos y que se aprenda de los errores para evitar que esto vuelva a ocurrir”, afirmó un portavoz de la ‘Comisión ciudadana por la verdad en las residencias’.
En última instancia, será la justicia la que determine si hubo negligencia en la gestión de la crisis, pero mientras tanto, la batalla por la memoria y la verdad sigue abierta.
