MADRID, 27 feb.- El Gobierno central ha anunciado este jueves que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para intentar declarar la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como un lugar de memoria democrática. Esta decisión llega tras la negativa de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a llegar a un acuerdo sobre este reconocimiento, argumentando que la Ley de Memoria Democrática de 2022 es inconstitucional.
La Postura del Gobierno Central
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó esta medida en declaraciones a los medios en el Congreso. Según explicó, el Ejecutivo seguirá un proceso legal que incluirá:
- Solicitar un informe al Consejo de Estado.
- Elevar el expediente al Consejo de Ministros.
- Presentar el caso ante el Tribunal Constitucional.
«Nos han dicho que renuncian porque consideran que la Ley de Memoria Democrática es inconstitucional. Sin embargo, esta ley está vigente y no ha sido recurrida ni siquiera por el PP», afirmó Torres.
El ministro subrayó que la Real Casa de Correos fue la sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista, un lugar donde se produjeron actos de represión, torturas e incluso muertes de personas que defendían la libertad y la democracia. Para Torres, resulta inexplicable que se niegue su reconocimiento como espacio de memoria histórica.
La Respuesta de Ayuso: “Indignación” y Críticas
En una carta enviada al ministro el miércoles, Isabel Díaz Ayuso expresó su “indignación” por lo que calificó como una “insólita” propuesta del Gobierno central. La presidenta madrileña cuestionó la decisión argumentando que existen otros edificios en España con una historia similar que aún no han sido declarados lugares de memoria, como el Parlamento de Canarias o los aeropuertos de Gando (Gran Canaria) y Los Rodeos (Tenerife).
Sin embargo, Torres respondió este jueves señalando que el Gobierno ya ha iniciado trámites para declarar como lugares de memoria otros espacios históricos en Canarias, como la colonia agrícola de Tefía (Fuerteventura) y el templo masónico de Tenerife. Además, recordó que en el Parlamento de Canarias ya existe una placa conmemorativa en recuerdo de las víctimas del franquismo.
Un Debate Político y Simbólico
El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid refleja las profundas diferencias políticas sobre cómo abordar la memoria histórica en España. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca avanzar en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, Ayuso y su equipo critican estas iniciativas como un intento de “reescribir la historia” o de imponer una narrativa política sesgada.
Para el ministro Torres, la negativa de Ayuso carece de justificación histórica y jurídica. En su opinión, la Real Casa de Correos es un símbolo inequívoco del franquismo y merece ser reconocida como lugar de memoria para honrar a las víctimas de la dictadura.
«No entiendo por qué se niega que sea un lugar de memoria un espacio que fue la Dirección General de Seguridad durante la dictadura, donde hubo represión, incluso muerte, a personas inocentes que defendían la libertad y la democracia», declaró Torres.
Invitación al Diálogo y Más Allá de la Declaración
En su carta de respuesta a Ayuso, Torres reiteró su disposición a dialogar y buscar consensos sobre este asunto. También invitó a la presidenta regional a instalar una placa conmemorativa en la Real Casa de Correos, independientemente de la declaración oficial como lugar de memoria. Según el ministro, este gesto podría servir como un primer paso hacia el reconocimiento de las víctimas sin necesidad de esperar a una resolución judicial.
Un Caso Polémico en el Marco de la Memoria Histórica
La disputa por la Real Casa de Correos pone de manifiesto las tensiones entre diferentes visiones sobre cómo recordar el pasado franquista en España. Mientras el Gobierno central insiste en avanzar con la Ley de Memoria Democrática, algunos sectores políticos, especialmente en regiones gobernadas por el PP, ven estas medidas como innecesarias o ideológicamente motivadas.
El recurso al Tribunal Constitucional marca un nuevo capítulo en este debate, que podría tener implicaciones legales y simbólicas significativas. Mientras tanto, la sociedad española sigue dividida sobre cómo abordar este capítulo oscuro de su historia y qué papel deben desempeñar instituciones como la Real Casa de Correos en este proceso.
Un Conflicto con Profundas Raíces Históricas
La decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional refleja su determinación por impulsar la memoria democrática, pero también evidencia las dificultades para encontrar consenso en un tema tan sensible. La Real Casa de Correos, como símbolo del franquismo, se ha convertido en el epicentro de una batalla política y cultural que trasciende lo local y plantea preguntas fundamentales sobre cómo España debe enfrentar su pasado.
El resultado de este proceso judicial y político tendrá un impacto significativo no solo en Madrid, sino en todo el país, definiendo el rumbo de las políticas de memoria histórica en los próximos años.
