Madrid, 5 feb.- La propuesta del Gobierno español de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin recorte en el salario ha desatado una ola de críticas desde el sector empresarial, que considera que la medida podría perjudicar gravemente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, afirmó que la reducción de la jornada es una «magnífica prioridad» para el Ejecutivo, que aprobó ayer un anteproyecto legislativo para regular esta medida. La iniciativa, impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue acordada con los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), pero no contó con el respaldo de la patronal.
«Este es un compromiso del Gobierno, y estamos en el inicio de un proceso de negociación que tendremos que hacer posible a través del diálogo político», explicó Hereu. No obstante, debido a la falta de mayoría absoluta en el Congreso, la coalición de gobierno, formada por los socialistas y el movimiento izquierdista Sumar, deberá negociar con los grupos parlamentarios para conseguir apoyo para la legislación.
Rechazo de los empresarios y oposición política
La patronal CEOE ha expresado su firme oposición a la medida, alertando que afectará principalmente a los pequeños empresarios y autónomos. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que la propuesta provocará «daño real» a los comercios de barrio, bares y otros negocios pequeños, y consideró que las ayudas propuestas por el gobierno para implementar la medida son una «trampa».
El Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición, ha manifestado su apoyo a la flexibilización de la jornada laboral, pero solo si se basa en acuerdos entre empresarios y sindicatos que no afecten a la productividad. El dirigente popular Elías Bendodo expresó su preocupación de que la medida pueda disminuir la competitividad del país.
El argumento del Gobierno
Por su parte, el ministro Hereu defendió que la medida contribuiría al progreso económico, argumentando que «la mejora de la productividad permite este magnífico gran objetivo» de la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó que la reforma busca «modernizar» el país y mejorar la calidad de vida de los trabajadores al otorgarles más tiempo libre fuera de la actividad laboral.
El anteproyecto de ley también incluye el derecho a la desconexión digital, con el fin de garantizar que los empleados puedan descansar y preservar su privacidad fuera de su horario laboral.
Próximos pasos
El anteproyecto será sometido a consulta de órganos técnicos antes de que el Ejecutivo apruebe el proyecto de ley y lo envíe al Congreso para su tramitación. Aunque la medida ha generado un debate significativo, el Gobierno mantiene su compromiso con la reducción de la jornada laboral como una mejora en los derechos de los trabajadores.