Brasilia, 26 nov.- La Corte Suprema de Brasil ha enviado este martes a la Fiscalía General un informe que acusa al expresidente Jair Bolsonaro y a otros 36 implicados de conspirar en 2022 para evitar la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El documento, elaborado tras casi dos años de investigación por la Policía Federal, señala presuntos planes para un golpe de Estado y actos de violencia que podrían llevar a penas de hasta 30 años de prisión.
Los cargos y el proceso judicial
El informe apunta a delitos como “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “golpe de Estado” y “asociación ilícita”. La Fiscalía tiene un plazo inicial de 15 días para decidir si presenta formalmente una querella ante la Corte Suprema, aunque el tiempo puede extenderse si solicita más información.
El secreto sumarial del caso ha sido levantado, por lo que el informe será publicado este martes, revelando detalles sobre los actos y los acusados. Entre ellos figuran figuras clave del entorno de Bolsonaro, como Walter Braga Netto, exministro y compañero de fórmula en 2022, y exmilitares de alto rango como Almir Garnier Santos, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira.
La trama contra la democracia
Según la investigación, tras las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro por menos de dos puntos porcentuales, se planearon actos para evitar su toma de posesión. Estos incluyeron bloqueos de carreteras, campamentos frente a cuarteles pidiendo una “intervención militar” y disturbios en Brasilia, como un intento de atentado con explosivos cerca del aeropuerto.
El informe señala que el plan contemplaba intervenir en la justicia electoral, anular los comicios y formar un “comité militar” que mantuviera a Bolsonaro en el poder. También se investiga un supuesto complot para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral.
El ataque del 8 de enero de 2023
La Policía Federal vincula estas conspiraciones con el ataque del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes del Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el Palacio Presidencial, buscando provocar una respuesta militar que derrocara al gobierno recién investido de Lula.
Bolsonaro y las acusaciones
El expresidente, que dejó Brasil para viajar a Estados Unidos dos días antes de la investidura de Lula, ha negado todas las acusaciones. En sus declaraciones, ha calificado las investigaciones como una “persecución política” y ha defendido la legalidad de sus acciones.
El informe y sus implicaciones representan uno de los mayores desafíos legales para Bolsonaro y sus aliados, quienes enfrentan el escrutinio no solo por los eventos postelectorales, sino también por su rol en la crisis institucional más grave de Brasil en décadas.
