València, 16 nov. – La gestión del riesgo de colapso de la presa de Forata ha generado controversia en la Comunidad Valenciana, después de que se revelara que el aviso a la población se emitió casi tres horas después de que se mencionara el posible colapso en una reunión clave del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). La reunión, celebrada el 29 de octubre, discutió entre las 17:00 y las 18:00 horas sobre el riesgo de la presa, pero el sistema Es-Alert no fue activado hasta las 20:11 horas, según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aemet aclaró este sábado que, durante la citada reunión, ya se consideraba la posibilidad de una rotura de la presa, además de otras medidas, como la evacuación de los municipios cercanos. Sin embargo, la activación del sistema de alerta se demoró, y el mensaje masivo no se envió hasta cerca de tres horas después. Este hecho ha sido cuestionado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien mencionó que fue el riesgo “inminente” de rotura lo que justificó el uso del sistema Es-Alert y que la información sobre la situación en la presa era insuficiente, inexacta y tardía.
El Ministerio para la Transición Ecológica, también presente en la reunión del Cecopi, respaldó la versión de Aemet, afirmando que ya se había abordado el riesgo de rotura desde las 17:00 horas. Según sus fuentes, la reunión fue interrumpida a las 18:00 horas, y aunque se discutió el contenido de los mensajes de alerta, no se tomó una decisión hasta pasadas las 19:00 horas.
La Confederación Hidrográfica del Júcar también estuvo involucrada en las comunicaciones durante la crisis. Su presidente, Miguel Polo, llamó a los alcaldes de las localidades afectadas para alertar sobre la situación, mientras que Aemet subrayó que, en ningún momento, indicó que las precipitaciones superarían los 180 litros por metro cuadrado, como indicó Mazón, sino que advirtió de lluvias intensas en lugares no esperados.
El retraso en la emisión de la alerta y la controversia sobre la gestión de la crisis han generado tensiones políticas y preguntas sobre la efectividad de las respuestas ante situaciones de emergencia en la Comunidad Valenciana.
