Martín Vizcarra enfrentará juicio por presuntos sobornos

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Lima, 27 oct.- El expresidente Martín Vizcarra será enjuiciado desde este lunes por un tribunal peruano por la presunta comisión del delito de cohecho (recibir sobornos) durante su mandato como gobernador de la región de Moquegua, en el sur de Perú, entre 2011 y 2014.

El juicio contra el exmandatario, que estuvo en el cargo de 2018 a 2020, se centra en la supuesta entrega irregular de concesiones para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta, será el encargado del caso.

La Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión para Vizcarra, argumentando que empresas de la construcción le habrían entregado pagos por un total de 2,3 millones de soles (aproximadamente 611,000 dólares o 565,000 euros) para adjudicarse las obras. El fiscal anticorrupción Germán Juárez afirmó que hay un sólido caudal probatorio en este caso y que esperan obtener una sentencia condenatoria.

Por su parte, Vizcarra ha interpuesto una acción legal para que el tribunal declare la nulidad de la citación a juicio oral, argumentando que el auto de acusación también debería incluir la imputación por el delito de colusión, que fue la acusación inicial de la Fiscalía.

El tribunal ha programado una segunda sesión del juicio oral para el 4 de noviembre y deberá pronunciarse sobre el pedido de Vizcarra al inicio de la sesión de este lunes.

Este fin de semana, el Poder Judicial autorizó a Vizcarra, quien enfrenta el proceso bajo mandato de comparecencia con restricciones, para viajar en diciembre a Moquegua a pasar las fiestas de fin de año con su familia.

Actualmente, el exmandatario tiene dos inhabilitaciones impuestas por el Congreso, que le prohíben ejercer cualquier cargo público durante 10 y 5 años, lo que le impidió asumir el cargo de parlamentario que obtuvo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.

En septiembre pasado, Vizcarra presentó un “recurso de agravio constitucional” ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se emita una resolución sobre la inhabilitación de 10 años que le fue impuesta en abril de 2021 por su presunta vacunación irregular contra la COVID-19 en octubre de 2020. También solicitó la anulación de la inhabilitación de cinco años que le impuso el Congreso en 2022 por supuestos vínculos con empresas del sector durante su tiempo como ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Además, el 27 de junio, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra él ante el Congreso por los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones, en agravio del Estado. El Congreso también oficializó una acusación penal por delitos de corrupción, relacionada con la presunta contratación irregular de un cantante durante su mandato, con quien supuestamente tenía cercanía, a través del Ministerio de Cultura.

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