Buenos Aires, 26 oct.- La administración de Javier Milei reavivó este sábado su enfrentamiento con las universidades públicas, en particular con la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ha rechazado la auditoría de sus cuentas por parte de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), considerándola un “intento de intervención”. El conflicto se intensifica mientras Milei acusa públicamente a la UBA de ocultar irregularidades en sus finanzas.
En su cuenta de X, Milei denunció la falta de cooperación de la UBA, insinuando que “las autoridades están sucias” y que la negativa a una auditoría revela problemas “peores” de lo imaginado. La UBA, por su parte, sostiene que la Sigen carece de competencia para auditar universidades nacionales y ha decidido llevar el asunto a la justicia, además de abrir una convocatoria para que auditores independientes revisen su sistema de control interno.
La Universidad argumenta que las acusaciones de opacidad en su gestión encubren un “ataque ideológico” contra el modelo de educación universitaria “libre, gratuita y masiva”, y afirma que el gobierno de Milei intenta restringir su autonomía y libertad académica.
Por otro lado, el Ministerio de Capital Humano, responsable de la Secretaría de Educación, defiende la intervención de la Sigen, afirmando que no existe conflicto entre la autonomía universitaria y el control estatal de fondos públicos. Según el Ministerio, la falta de supervisión permitiría el uso indebido de los recursos estatales destinados a las universidades nacionales.
El conflicto presupuestario entre el gobierno y las universidades escaló en las últimas semanas con marchas, paros y ocupaciones en distintas facultades del país, como respuesta al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que preveía un ajuste salarial y presupuestario acorde a la inflación, la cual alcanzó el 209 % interanual en septiembre.
En lo que va del año, la sociedad civil ha organizado dos manifestaciones masivas en defensa de la educación pública, en abril y octubre, reclamando la continuidad del modelo universitario gratuito instaurado en Argentina desde 1949, que actualmente sostiene a unos 2 millones de estudiantes en 57 universidades públicas.
Milei ha aclarado que no planea imponer aranceles a las universidades públicas, sino que busca asegurar la transparencia mediante auditorías. Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, recordó en X que en 2011 la Sigen realizó una auditoría parcial en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pero fue bloqueada tras un dictamen del entonces procurador Carlos Zannini, limitando las competencias de la Sigen en la UBA. Sin embargo, bajo la actual administración, el nuevo procurador Rodolfo Barra ha restaurado esta competencia, abriendo “nuevamente la puerta de la transparencia”, según Alvarez.