La Paz, 7 de octubre.- El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció hoy que ha citado al expresidente Evo Morales (2006-2019) para que declare sobre un caso de presunta “trata de menores” y “estupro”, programado para el jueves 10 de octubre en la región de Tarija. “Se han dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso, entre ellos el señor Evo Morales, y los padres de la víctima”, explicó Lanchipa en declaraciones a medios locales.
El expresidente también ha sido señalado por el ministro de Justicia, César Siles, en una investigación por posible “violación” de una menor, con quien supuestamente habría tenido un hijo. Además, Morales está acusado de haber creado una red de jóvenes de entre 14 y 15 años durante su presidencia, a la que se refirió como “Generación Evo”.
La denuncia indica que los padres de la supuesta víctima se “lucraron” al entregarla al expresidente a cambio de favores. El pasado miércoles, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó que fue despedida de su cargo por intentar ejecutar una orden de captura contra Morales, revelando el caso de “trata de personas” que lo involucra. Sin embargo, una jueza de Santa Cruz detuvo dicha orden de aprehensión.
Por otro lado, un juez ordenó la restitución de Gutiérrez en su puesto, y Lanchipa confirmó que ha recuperado su cargo. Morales ha calificado las acusaciones como parte de una “persecución política” en su contra, con el objetivo de evitar su candidatura presidencial en las elecciones de 2025. En un mensaje en la red social X, afirmó: “El #Lawfare es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares”.
El Grupo de Puebla, un foro político y académico de la izquierda latinoamericana, expresó su preocupación por la supuesta “campaña de lawfare” en el caso contra el exmandatario. En un comunicado, manifestaron que “a pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales”.
Las investigaciones y acusaciones surgen en el contexto de una prolongada lucha entre Morales y el presidente Luis Arce por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y el gobierno boliviano. La denuncia por trata de personas fue presentada el 26 de septiembre, solo tres días después de que Morales, tras una marcha de 187 kilómetros por el altiplano boliviano, diera un ultimátum a Arce, instándolo a destituir a sus ministros si deseaba continuar en el poder, lo que el Gobierno calificó como un intento de “golpe de Estado”.
