Buenos Aires, 21 ago. – El Gobierno argentino anunció este miércoles la eliminación de la obligatoriedad de que el Estado contrate servicios de empresas públicas, una medida que se toma en medio de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández (2019-2023).
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, deroga varias disposiciones, incluyendo una firmada por Fernández en diciembre de 2021 que imponía la obligación de que el sector público contratara pólizas de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, una empresa perteneciente al estatal Grupo Banco Nación.
Fernández fue imputado en febrero pasado por la contratación de seguros durante su mandato, y es investigado por presuntas irregularidades vinculadas al decreto recién derogado, el cual habría permitido que amigos del exmandatario actuaran como intermediarios, cobrando comisiones millonarias.
A pesar de no ser necesario utilizar gestores para contratar estos seguros, organismos públicos recurrieron a Héctor Martínez Sosa, un amigo cercano de Fernández y esposo de su secretaria, María Cantero. Sosa, quien también figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas, habría actuado como intermediario en estos contratos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó el decreto derogado como “nefasto” y señaló en su cuenta de X que la normativa obligaba a adquirir seguros de Nación Seguros, a tal punto que se contrataba a un “broker” para asegurar una contratación que ya era obligatoria por ley.
Además de este decreto, Sturzenegger destacó la derogación de otros tres decretos que eliminaban “privilegios” para empresas públicas, argumentando que estas deben servir a los ciudadanos y no beneficiarse de ellos. Según el ministro, estos privilegios a menudo servían para fomentar la corrupción y mantener una casta política que debe ser erradicada.
Entre los decretos derogados también se incluye el 1187 de 2012, que obligaba a los empleados públicos a recibir sus sueldos a través del Banco Nación; el 1189/12, que imponía la compra de combustible y lubricantes exclusivamente a la estatal YPF para vehículos, embarcaciones y aeronaves oficiales; y el 1191/12, que exigía a los funcionarios del sector público adquirir pasajes en la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas y en la empresa Optar, vinculada a la agrupación peronista La Cámpora.
Sturzenegger resumió la decisión afirmando que todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente hacia estas empresas, una práctica que, según él, “se acabó”.
