MADRID, 25 julio.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado la posibilidad de utilizar un decreto para aprobar la reforma de la ley de extranjería, cuya toma en consideración fracasó el pasado martes en el Congreso. Torres calificó esta opción como “la crónica de una muerte anunciada”.
En una entrevista, Torres explicó el complejo panorama que se presenta tras el intento fallido de iniciar la tramitación de la reforma del artículo 35 de la ley, que buscaba establecer una acogida de inmigrantes vinculante entre todas las regiones españolas para aliviar los recursos de zonas con alta presión migratoria. La reforma pretendía solucionar el problema de las Islas Canarias, que reciben la mayoría de los inmigrantes llegados a España en embarcaciones precarias desde la costa noroeste de África, así como de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África.
En la primera mitad de este año, España ha recibido más de 26.500 inmigrantes irregulares, casi el doble que el año pasado, de los cuales cerca del 75% llegaron a Canarias. La iniciativa del Gobierno proponía derivar a otras regiones españolas a unos 2.500 jóvenes que actualmente se encuentran en Canarias, donde no pueden recibir la atención adecuada.
Tras la votación fallida, Torres descartó la aprobación de la reforma mediante un real decreto, una opción exigida por el Gobierno de Canarias. Explicó que, aunque el decreto sería efectivo, debería ser convalidado en el Congreso 30 días después, y no ve voluntad de negociación en el Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición. Además, Torres advirtió que esta vía podría generar “inseguridad jurídica” para los menores desplazados si el decreto no es convalidado, dejándolos en un “limbo jurídico”.
El Congreso rechazó la reforma con los votos en contra de Vox, Junts y el PP. Vox había anunciado su voto en contra de manera inamovible, mientras que Junts exigió condiciones inasumibles para el Gobierno. Aunque hubo un intercambio de documentos con el PP hasta el último momento, no se llegó a un acuerdo.
Torres destacó el esfuerzo realizado por el Gobierno, que trabajó durante ocho meses en colaboración con el Gobierno de Canarias, alejándose de polémicas. Sin embargo, lamentó que el PP haya “dado la espalda” a las comunidades más afectadas y negado la posibilidad de discutir la propuesta.
El ministro expresó su “profunda tristeza” por el fracaso de la votación y responsabilizó a quienes impidieron el trámite parlamentario. Lamentó especialmente la “desazón importante” en Canarias, Ceuta y Melilla entre las organizaciones que trabajan con los jóvenes tutelados y los defensores de los derechos de los niños, quienes, afirmó, son las verdaderas víctimas del fracaso de la reforma.