Caracas, 24 Julio.- Un informe elaborado por el Miranda Center for Democracy cuestiona la versión oficial sobre las consecuencias del doble terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio y asegura que la falta de preparación institucional, la corrupción y la gestión centralizada del Estado agravaron el impacto de la emergencia.
El documento, titulado “Un régimen que falló a sus ciudadanos no puede liderar su reconstrucción”, sostiene que la tragedia no fue únicamente consecuencia del fenómeno natural, sino también de años de deterioro en los sistemas de prevención y respuesta ante desastres.
El estudio fue realizado por una organización vinculada a sectores de la oposición venezolana y cercana al entorno internacional de María Corina Machado. Aunque presenta una postura crítica hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, sus autores aseguran que parte de sus conclusiones se basan en información de organismos como Naciones Unidas, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la NASA, organizaciones humanitarias y testimonios recogidos en las zonas afectadas.
Críticas a la respuesta durante las primeras horas
Uno de los principales cuestionamientos del informe se centra en las primeras 72 horas posteriores al terremoto, consideradas fundamentales para localizar sobrevivientes entre los edificios colapsados.
Según el documento, la respuesta estatal no contó con una coordinación civil especializada y quedó bajo una estructura con fuerte presencia militar, mientras vecinos, bomberos voluntarios y equipos internacionales asumían gran parte de las labores de rescate.
En varias zonas de La Guaira, una de las regiones más afectadas, familiares de desaparecidos participaron directamente en la búsqueda entre los escombros junto a voluntarios, utilizando herramientas improvisadas ante la falta de equipos especializados.
Denuncian debilitamiento de Protección Civil
El informe señala que el sistema venezolano de Protección Civil llegó debilitado a la emergencia debido a años de falta de inversión, escasez de equipos y pérdida de capacidad técnica.
Los autores citan testimonios de rescatistas que aseguran que algunas unidades operaban con una capacidad mínima y sin tecnología adecuada para enfrentar una catástrofe de gran magnitud.
“No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología”, recoge el documento a través del testimonio de uno de los trabajadores de emergencia, quien describió la situación como un regreso a “la Edad de Piedra”.
Contraste entre inversión en seguridad y preparación ante desastres
Otro de los puntos destacados por el informe es el contraste entre los recursos destinados al aparato de vigilancia estatal y la preparación para emergencias naturales.
El documento afirma que Venezuela invirtió más de 1.000 millones de dólares en el sistema de videovigilancia VEN911 y adquirió miles de vehículos pesados provenientes de China, pero cuestiona que parte de esos recursos no estuvieran disponibles durante la respuesta al terremoto.
Los investigadores sostienen que, mientras aumentaban las inversiones en estructuras de control, disminuía la capacidad de organismos encargados de prevención sísmica, monitoreo y atención de emergencias.
Diferencias en las cifras de víctimas y daños
Uno de los aspectos más polémicos del informe es la diferencia entre los datos divulgados por el Gobierno venezolano y las estimaciones de organismos internacionales.
Según cifras oficiales citadas en el documento hasta el 19 de julio, el terremoto habría dejado 5.208 fallecidos, 16.740 heridos, alrededor de 190 edificios destruidos y unas 18.000 personas sin vivienda.
Sin embargo, el informe destaca que estimaciones del USGS indicaron una probabilidad superior al 70 % de que la cifra de muertos pudiera superar las 10.000 personas, mientras que otros organismos internacionales habrían calculado daños materiales mucho mayores.
El documento también menciona estimaciones atribuidas a la NASA, según las cuales cerca de 58.870 edificios habrían sufrido daños o destrucción, una cifra muy superior a los datos reconocidos oficialmente.
Comparaciones con la tragedia de Vargas de 1999
El informe establece paralelismos con la tragedia ocurrida en el estado Vargas en 1999, cuando fuertes lluvias provocaron deslizamientos e inundaciones que dejaron miles de víctimas.
Los autores sostienen que aquella crisis impulsó reformas para mejorar la gestión de riesgos, pero consideran que con el paso de los años esas instituciones perdieron autonomía y capacidad operativa debido a una mayor centralización y politización.
Cuestionamientos a los programas de vivienda
El documento también pone bajo la lupa la Gran Misión Vivienda Venezuela, uno de los principales programas habitacionales impulsados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los investigadores afirman que algunos complejos habitacionales fueron construidos en zonas vulnerables y que no existieron suficientes auditorías independientes para evaluar la resistencia sísmica de esas estructuras.
Según el informe, especialistas venezolanos ya habían advertido sobre posibles problemas estructurales tras movimientos sísmicos anteriores, pero esas alertas no derivaron en revisiones profundas.
La reconstrucción como nuevo desafío
A casi un mes del terremoto, el debate sobre la magnitud real de la tragedia y la gestión de la emergencia continúa abierto. Mientras organizaciones humanitarias mantienen operaciones de apoyo médico y psicológico, el país enfrenta ahora el reto de reconstruir las zonas afectadas y atender a miles de personas que perdieron sus hogares.
El informe concluye que la reconstrucción requerirá no solo recursos económicos, sino también una revisión profunda del sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres.
