BRUSELAS, 13 Mayo.- La Comisión Europea anunció este miércoles que impulsará una prohibición en toda la Unión Europea de las llamadas “terapias de conversión” dirigidas a personas homosexuales y transgénero, una práctica ampliamente desacreditada por la comunidad científica y denunciada por organizaciones de derechos humanos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que estas prácticas “no tienen cabida en nuestra Unión”, reafirmando el compromiso del bloque europeo con la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+.
La iniciativa llega pocos días antes de la celebración del festival anual Brussels Pride, uno de los eventos más importantes de Europa en defensa de los derechos y la visibilidad LGBTQ+, que este año espera reunir a decenas de miles de personas en las calles de Bruselas.
Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicados en 2024, uno de cada cuatro ciudadanos LGBTQ+ encuestados afirmó haber sido sometido a intentos de “conversión” para modificar su orientación sexual o identidad de género. Los índices más elevados se registraron en Grecia, Chipre, República Checa, Estonia y Eslovaquia.
La presión política aumentó tras una iniciativa ciudadana respaldada por más de un millón de europeos que exigieron una prohibición legal vinculante en toda la Unión Europea.
Actualmente, solo diez de los 27 países miembros de la UE cuentan con leyes que prohíben total o parcialmente estas prácticas. Malta fue el primer país europeo en prohibirlas en 2016, seguido posteriormente por Francia, que incluso contempla penas de prisión y sanciones económicas para quienes promuevan estas terapias.
La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, calificó estas prácticas como “una mentira” basada en la idea de que las personas LGBTQ+ “deben ser corregidas”.
“No hay nada que arreglar, nada que curar y nadie que cambiar”, afirmó Lahbib, quien sostuvo que las terapias de conversión constituyen una forma de violencia psicológica incompatible con los valores democráticos europeos.
La medida forma parte de una estrategia más amplia de la Unión Europea para reforzar los derechos civiles y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los países miembros.
