Washington, 1 Abril.- La Corte Suprema de Estados Unidos examina uno de los casos más trascendentales del período: la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, estableciendo que los hijos de padres en el país de manera ilegal o temporal no serían automáticamente ciudadanos estadounidenses. Trump asistió personalmente a los alegatos orales, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en presenciar un debate ante el máximo tribunal.
Los jueces revisarán la apelación de Trump contra un fallo de un tribunal inferior de Nueva Hampshire, que anuló estas restricciones. Ninguna de las disposiciones de la orden ha entrado en vigor debido a múltiples bloqueos judiciales.
El caso representa una prueba a las afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo, que desafían precedentes históricos, y llega a un tribunal que, en general, ha fallado a favor del presidente, aunque con algunas excepciones notables. Se espera un fallo definitivo a inicios del verano.
La orden ejecutiva fue firmada al inicio del segundo mandato de Trump como parte de la ofensiva republicana contra la inmigración. Afectaría a más de 250.000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos, incluyendo hijos de personas en situación legal como estudiantes o residentes permanentes, según estudios del Migration Policy Institute y el Population Research Institute de la Universidad Estatal de Pensilvania.
La medida desafía la interpretación histórica de la 14.ª Enmienda, ratificada en 1868, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residan”. Tribunales inferiores han declarado la orden ilegal o probablemente ilegal, citando precedentes como el fallo Wong Kim Ark (1898), que reconoció la ciudadanía a hijos nacidos en EE.UU. de ciudadanos extranjeros.
Expertos en derechos civiles, como Cecillia Wang de la Unión Americana por las Libertades Civiles, advierten que Trump intenta reinterpretar radicalmente la definición de ciudadanía estadounidense, lo que podría tener implicaciones profundas para la población y el sistema legal del país.
Trump ha defendido la medida argumentando que busca evitar abusos por parte de personas extranjeras que buscan que sus hijos obtengan la ciudadanía “por pago”, y ha criticado a los tribunales que han bloqueado sus políticas, calificándolos de “antipatriotas”.
