MADRID, 26 mar.- Un juzgado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha citado este viernes al abogado de Julio Iglesias y a la Fiscalía para decidir si el cantante puede demandar al Ministerio Público por negarle el acceso a la denuncia interpuesta por dos exempleadas por presuntos abusos sexuales, así como a las diligencias de investigación que fueron archivadas.
El Juzgado 5 de lo Contencioso-Administrativo celebrará este 27 de marzo una comparecencia urgente para determinar si los actos de la Fiscalía son recurribles por la vía contenciosa o si, como sostiene el Ministerio Público, esta entidad no puede estar sujeta a este tipo de demandas, según Okdiario y fuentes jurídicas consultadas por EFE.
El abogado de Julio Iglesias, Jose Antonio Choclán, recurrió a los tribunales tras varios intentos fallidos de la Fiscalía por entregarle la denuncia, presentada por la asociación Women´s Link Worldwide en nombre de las exempleadas. Asimismo, ha solicitado acceso a las pesquisas realizadas por la teniente fiscal Marta Durántez, quien archivó la denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían competencia, dado que los hechos ocurrieron en República Dominicana. Entre estas pesquisas se incluye la declaración de las denunciantes como testigos protegidos.
El objetivo de Choclán es revisar la denuncia y el expediente de la Fiscalía para evaluar si emprende acciones legales contra las exempleadas, como ya hizo contra el medio Diario.es y contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por presunta vulneración de la presunción de inocencia del cantante.
El abogado argumenta que, pese a que la denuncia es conocida por terceros y los medios de comunicación, el único interesado que no tiene acceso a ella es Julio Iglesias, lo que considera «insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional».
Choclán también solicitó sin éxito poder personarse en las diligencias preprocesales para ejercer la defensa del cantante, argumentando que la falta de acceso al expediente vulnera derechos básicos de defensa.
