MADRID, 26 mar.- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que su caso sea juzgado por un jurado popular, alegando que el auto contiene argumentos falaces, conjeturas no respaldadas por indicios y omisiones significativas.
El recurso de reforma, presentado por el abogado Antonio Camacho, sostiene que lo único acreditado es “la voluntad inquebrantable del instructor de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla” y que Gómez está siendo investigada “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.
El escrito niega la existencia de indicios contra Gómez en los cinco delitos que le imputa el juez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida de marcas. Además, advierte que someter un asunto “muy mediático” a un jurado popular podría generar un juicio paralelo y vulnerar el derecho a un juez imparcial.
El recurso solicita anular el auto mediante el cual Peinado acumuló todo el procedimiento en una sola causa, asignó el caso a un jurado popular y citó para el 1 de abril a los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez adoptó esta decisión después de que la Audiencia de Madrid revocara su resolución anterior, argumentando que no contaba con “indicios concluyentes y consistentes”.
La defensa rechaza los indicios sobre el tráfico de influencias, señalando que los hechos mencionados “o son falaces o carecen de la entidad que les atribuye el instructor” y sostiene que Gómez está siendo investigada únicamente por su vínculo con el presidente. Asimismo, argumenta que los contratos adjudicados a empresas de Barrabés, que motivaron la apertura del procedimiento, no forman parte de la investigación actual en el Juzgado, sino que se tramitan en la Fiscalía Europea, donde Gómez figura únicamente como testigo.
Sobre la creación de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, el recurso asegura que no existieron irregularidades ni beneficios económicos para Gómez, y que Barrabés “no intervino en su creación, financiación ni desarrollo”.
En cuanto al presunto delito de malversación, la defensa descarta un uso inadecuado de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, aclarando que su puesto siempre ha existido y sus funciones incluyen acompañar a Gómez y coordinar su agenda con el servicio de seguridad. Los correos internos citados reflejan “una ayuda puntual” que no afectó el desempeño habitual del personal.
Respecto a la corrupción en los negocios, la defensa sostiene que no existen indicios de irregularidad y que la captación de fondos destinada a la universidad no encaja en un tipo penal de corrupción entre particulares. También niega indicios de intrusismo, ya que firmar un pliego de prescripciones técnicas fue un encargo de la Gerencia de la Universidad dentro de sus competencias legales.
Sobre la apropiación indebida de un software para la cátedra, Gómez solo registró un logo y un dominio web siguiendo instrucciones institucionales, sin obtener ningún beneficio económico. La defensa concluye que “llevamos dos años investigando un delito inexistente”.
