BRUSELAS, 26 mar.- El Parlamento Europeo aprobó este jueves el nuevo reglamento de Retornos, una normativa que endurece la política migratoria de la Unión Europea y permite, entre otras medidas, la creación de centros de retorno en terceros países para migrantes que deban ser deportados.
La iniciativa fue respaldada por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, y busca agilizar las deportaciones en un contexto de creciente presión migratoria sobre el continente.
La principal novedad del reglamento es la posibilidad de trasladar a migrantes a países distintos al de su origen, siempre que exista un acuerdo previo y se respete el principio de no devolución, que prohíbe enviar a personas a lugares donde su vida o libertad estén en riesgo.
Este modelo sigue la línea impulsada por Italia, que en 2024 intentó establecer centros de retorno en Albania, aunque estos quedaron paralizados por decisiones judiciales.
Más controles, detenciones y sanciones
El reglamento también obliga a los migrantes a cooperar activamente en su proceso de retorno. En caso contrario, se contemplan sanciones que van desde la retirada de beneficios sociales y permisos de trabajo hasta medidas penales, incluyendo el encarcelamiento.
Asimismo, se amplían las condiciones para la detención de migrantes, que podrá extenderse hasta 12 meses, con posibilidad de prórroga por otros 12 meses en casos de falta de cooperación o retrasos administrativos.
Para personas consideradas un riesgo para la seguridad pública o nacional, se establece una expulsión prioritaria, con la posibilidad de ser recluidas en instalaciones separadas de presos comunes y enfrentar prohibiciones de entrada indefinidas.
El reglamento también introduce cambios en los procesos judiciales, permitiendo que las apelaciones no suspendan automáticamente las deportaciones, salvo decisión expresa de un juez.
Críticas por giro hacia la derecha
La normativa fue rechazada por grupos socialdemócratas, verdes y de izquierda, que denuncian un endurecimiento excesivo de la política migratoria y un supuesto giro hacia posiciones más conservadoras dentro del Parlamento Europeo.
La vicepresidenta del grupo Socialistas y Demócratas, Ana Catarina Mendes, advirtió que la medida “no representa un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha”.
Los críticos también alertaron de posibles violaciones de derechos humanos, especialmente en los centros de retorno ubicados en terceros países, donde temen detenciones prolongadas y condiciones inadecuadas.
Por su parte, fuentes del Partido Popular Europeo defendieron que los países que acojan estos centros deberán cumplir estrictos requisitos y estarán sujetos a mecanismos de supervisión.
El texto aprobado inicia ahora la fase de negociación entre la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento, en un proceso que definirá la versión final de una de las reformas migratorias más relevantes en Europa en los últimos años.
