Washington, 16 Marzo.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se encuentra al borde de una nueva dirección, lo que abre la posibilidad de reajustar el proyecto migratorio del presidente Donald Trump o de reforzar su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia del país.
El director político de la Casa Blanca instó recientemente a legisladores republicanos a centrarse en la aplicación de las leyes migratorias contra delincuentes, un giro respecto de la agenda de deportaciones masivas que caracterizó la campaña de Trump. Sin embargo, los expertos señalan que las operaciones de deportación no se frenan, sino que se intensifican, con miles de millones de dólares destinados a contratar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y construir centros de detención de gran capacidad. El objetivo es detener y expulsar cerca de un millón de inmigrantes este año.
“Estamos en un momento interesante en el que el público ha visto lo que significan la detención masiva y la deportación masiva”, indicó Sarah Mehta, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, agregó que las políticas del presidente han llevado a inmigrantes a salir del país, ya sea de forma forzada o voluntaria, y han reforzado la seguridad en la frontera con México.
El DHS enfrenta ahora un periodo clave con la salida de la secretaria Kristi Noem y la nominación del senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, para reemplazarla. Mullin será interrogado esta semana en audiencias de confirmación en el Senado, donde algunos legisladores demócratas exigen cambios tras las recientes redadas migratorias en ciudades como Minneapolis, que provocaron la muerte de al menos tres ciudadanos estadounidenses.
Mientras tanto, la Coalición de Deportación Masiva, formada por organizaciones conservadoras como la Heritage Foundation y el fundador de Blackwater Erik Prince, busca que el gobierno mantenga su rumbo y amplíe las deportaciones a inmigrantes más allá de los criminales violentos. Mark Morgan, exjefe interino del ICE, indicó que el enfoque será estratégico, centrado en inmigrantes en centros de trabajo, excedidos de sus visas o con órdenes judiciales de expulsión.
El debate sobre las deportaciones masivas también ha generado tensiones dentro del Partido Republicano, con algunos legisladores y grupos empresariales abogando por limitar la acción solo a delincuentes y proteger a los inmigrantes necesarios para la economía. El senador Ron Johnson, de Wisconsin, señaló la dependencia de trabajadores inmigrantes en sectores como la ganadería y la restauración.
Los defensores de las deportaciones prevén que el gobierno intensifique los esfuerzos para eliminar permisos temporales y promover la autodeportación, afectando a refugiados y solicitantes de asilo. Por su parte, legisladores como el senador Alex Padilla, demócrata de California, advierten sobre el riesgo de detener a inmigrantes no violentos para llenar los nuevos centros de detención, lo que considera un problema crítico que Mullin deberá abordar en su audiencia de confirmación.
