Ottawa, 16 Marzo.- El gobierno de Ontario anunció que pondrá fin a la financiación provincial para los centros de consumo supervisado en toda la provincia en los próximos 90 días, lo que obligará al cierre de los dos centros que operan en Ottawa esta primavera.
La medida afectará a los siete centros de inyección de drogas activos que funcionan en comunidades apoyadas por un Centro de Tratamiento para la Recuperación de la Adicción y la Falta de Vivienda (HART). Según la viceprimera ministra y ministra de Salud, Sylvia Jones, el gobierno se centrará en el tratamiento, la recuperación y la creación de comunidades más seguras.
“Gracias a nuestra inversión de casi 550 millones de dólares para establecer centros HART en toda la provincia, garantizamos que las personas que luchan contra la adicción puedan acceder a la atención y el apoyo que necesitan para romper el trágico ciclo de la dependencia de drogas y reconstruir sus vidas, al tiempo que protegemos a las comunidades de Ontario”, señaló Jones.
Ontario iniciará un período de cierre gradual de 90 días para dar tiempo a los usuarios a adaptarse a los servicios de su centro HART local. Durante ese período, la provincia trabajará con municipios y socios comunitarios para garantizar una transición segura y coordinada hacia el nuevo modelo de recuperación.
Las organizaciones Ottawa Inner City Health y el Sandy Hill Community Health Centre recibieron la notificación de la retirada de la financiación y expresaron su preocupación por el impacto en las personas que dependen de estos servicios. La concejala de Rideau-Vanier, Stephanie Plante, destacó que los centros de consumo supervisado funcionan como un salvavidas para quienes tienen adicciones, al proporcionar atención médica, apoyo social y conexión con la comunidad.
Ontario cuenta con centros HART en toda la provincia, incluidos los centros Somerset West y Pinecrest-Queensway en Ottawa. En 2025, otros centros de consumo supervisado, como el de Salud Pública de Ottawa en la calle Clarence, cerraron tras la no renovación de sus exenciones, y en 2024, nuevas normas prohibieron la ubicación de estos lugares a menos de 200 metros de escuelas o guarderías.
La eliminación de la financiación provincial marca un cambio en la política de Ontario sobre centros de inyección de drogas, y el gobierno asegura que priorizará la recuperación y tratamiento de adicciones frente al modelo de consumo supervisado.
