LA HABANA, 10 dic — Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 71 violaciones de derechos humanos y dos muertes bajo custodia durante noviembre en 27 cárceles de 14 provincias, evidenciando un sistema penitenciario marcado por represión, huelgas de hambre y un profundo deterioro de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
El CDPC documentó 81 incidentes, de los cuales 71 fueron abusos directos contra los internos. Las formas más frecuentes de represión incluyeron hostigamiento (55 casos), negación de atención médica (29), traslados arbitrarios (13), celdas de castigo (10), golpizas y torturas físicas (9) y severas restricciones a la comunicación. En total, el informe identificó 33 modalidades diferentes de violaciones a estándares mínimos de trato.
Las huelgas de hambre se consolidaron como una de las principales formas de protesta. Al menos 18 reclusos recurrieron a estas medidas extremas para exigir atención médica, protección frente a agresiones o revisión de condenas de motivación política. En varios casos, estas protestas estuvieron acompañadas de represalias como celdas de aislamiento, revocación de beneficios penitenciarios, incautación de pertenencias y nuevas imputaciones sin fundamento.
El informe también denunció las dos muertes ocurridas en noviembre: Masniel Lompui Rodríguez, en la prisión Nieves Morejón (Sancti Spíritus), y José Bravo Navarro, en la prisión de Boniato (Santiago de Cuba). Según el CDPC, ambos fallecieron por falta de atención médica oportuna, un patrón que agrava la preocupación por la crisis sanitaria que afecta a las cárceles cubanas.
Las condiciones materiales continúan siendo críticas: hacinamiento, escasez de agua, presencia de arbovirus sin tratamiento, alimentos insuficientes y de mala calidad, así como signos visibles de desnutrición en varios reclusos. El informe también alerta sobre el desvío de alimentos por parte de guardias y la existencia de un mercado informal de comida, drogas y medicamentos operado con el consentimiento de autoridades penitenciarias.
Las represalias contra los huelguistas incluyeron castigos extremos, como celdas frías y sin ropa, así como golpizas contra presos políticos. Entre los agredidos destacan Ibrahim Domínguez Aguilar, Aníbal Yasiel Palau Jacinto, Yurisán Franco Soriano, Esney Echeverría Estrada, Carlos Raúl Perdomo Cancio, Adrián Curuneaux Stevens y Alfonso Pérez López, algunos de ellos sometidos incluso a torturas prolongadas con esposas.
Las restricciones a la comunicación siguen siendo una herramienta de control y castigo. Reclusos como Eider Frómeta Allen y Amaury Díaz García sufrieron la suspensión o supervisión forzada de llamadas telefónicas, además de amenazas de muerte por denunciar las violaciones dentro de los centros penitenciarios.
Las requisas arbitrarias continúan dirigidas principalmente contra presos políticos. Al menos 65 personas fueron afectadas —61 hombres y 4 mujeres—, incluyendo figuras como José Antonio Pompa López, Walfrido Rodríguez Piloto, Walnier Luis Aguilar Rivera y Eider Frómeta Allen, quienes enfrentaron múltiples incidentes represivos en un solo mes.
Los grupos más vulnerables dentro de las cárceles cubanas son los presos políticos, personas afrodescendientes y ciudadanos abiertamente opositores. El informe identificó la participación de 19 agentes estatales, entre ellos 15 funcionarios penitenciarios y cuatro oficiales de la Seguridad del Estado, como responsables directos de los abusos.
El CDPC advirtió que esta información representa solo una parte de la realidad, debido a la opacidad institucional y la falta de acceso de observadores independientes, lo que impide conocer la magnitud completa de las violaciones en el sistema carcelario de la isla.
