LIMA, 4 DIC. — El Pleno del Congreso de Perú inhabilitó este miércoles a la suspendida fiscal general peruana, Delia Espinoza, para ejercer cualquier cargo público durante diez años. La decisión se tomó tras la aprobación de una moción de reconsideración, luego de que una votación inicial no lograra los apoyos necesarios.
La inhabilitación fue aprobada con 71 votos a favor, superando los 68 necesarios para sancionar a Espinoza por una presunta infracción constitucional. La medida se ejecutó a pesar de que la fiscal ya había obtenido una orden judicial para ser reasignada a su cargo, del cual fue suspendida previamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Controversia y Venganza Política
La decisión generó una gran controversia, especialmente porque se produjo en un Congreso en el que, según informes, unos quince legisladores fueron denunciados por diversos delitos por la propia Espinoza en los últimos meses.
Durante su defensa, Espinoza acusó al Congreso de actuar por motivos políticos:
“(Buscan) manchar, truncar una carrera, que no es política… solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha,” enfatizó.
La exfiscal agregó que el actual Congreso está “más cómodo” con el fiscal general interino, Tomás Gálvez, argumentando que este «no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones».
Desaforada y Acusada Penalmente
Además de la inhabilitación, el Congreso desaforó a Espinoza, aprobando una acusación constitucional contra ella. Ahora, la exfiscal general será procesada por los delitos de:
- Abuso de autoridad
- Prevaricato
- Usurpación de funciones
- Falsedad genérica
La acusación constitucional será remitida a la Fiscalía de la Nación para que continúe con el proceso penal. Espinoza ejerció su cargo desde noviembre del año pasado hasta septiembre último, en medio de una crisis interna que se inició con la suspensión de su antecesora, Patricia Benavides, por presuntamente encabezar una red corrupta.
