Redacción, 14 de septiembre.- El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el cierre de nueve procesos de diálogo, conversaciones sociojurídicas y zonas de ubicación temporal que habían sido establecidos durante la administración anterior, según informó el Gobierno nacional.
La decisión, vigente desde el 7 de agosto de 2026, implica un cambio en la estrategia oficial frente a los grupos armados y las organizaciones criminales. La administración sostuvo que no mantendrá espacios de negociación con estructuras que continúen con actividades violentas, narcotráfico, extorsión u otras acciones ilegales.
De acuerdo con el mensaje difundido por la Presidencia, la nueva directriz fija dos alternativas para los integrantes de esas organizaciones: el sometimiento a la justicia o la confrontación con la fuerza pública dentro de los límites de la Constitución y la ley.
El Ejecutivo presentó la medida como parte del cumplimiento de una promesa de campaña de De la Espriella, que había cuestionado los mecanismos de diálogo y los beneficios otorgados a actores armados durante el gobierno anterior. La Casa de Nariño afirmó que esos espacios no produjeron resultados suficientes en materia de reducción de violencia ni de desarticulación de las organizaciones ilegales.
La administración nacional argumentó que las estructuras incluidas en los procesos aprovecharon los últimos cuatro años para ampliar su presencia territorial y aumentar su capacidad operativa. Según esa versión, los grupos incrementaron los ataques contra la población civil, las Fuerzas Militares y la Policía mientras sostenían contactos con delegados del Estado.
“Para el presidente De la Espriella no habrá más espacios de diálogo utilizados para ganar tiempo, fortalecer estructuras criminales o evadir la responsabilidad ante la justicia”, señaló la Presidencia en su comunicación oficial.
El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, afirmó que el mandatario considera agotado el modelo de negociaciones con organizaciones que no suspendan sus actividades ilegales. El funcionario sostuvo que la prioridad será recuperar la autoridad institucional en las regiones donde operan grupos armados y bandas de alto impacto.
Soto indicó que la política oficial parte de una condición: las estructuras que pretendan acceder a beneficios judiciales deberán abandonar la violencia y aceptar los mecanismos de la justicia. De lo contrario, enfrentarán operativos de las autoridades.
La decisión representa una ruptura con los procesos que combinaban mesas formales de diálogo, contactos sociojurídicos con organizaciones urbanas y zonas temporales para integrantes de grupos armados. El Gobierno sostiene que esos instrumentos quedaron sin efecto ante la continuidad de las acciones criminales.
Entre las instancias cerradas figura la mesa con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. También fueron terminados los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el proceso que involucraba al Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
