Bogotá, 5 agosto.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este martes a 27 antiguos integrantes de la cúpula de la extinta guerrilla de las FARC por presuntos crímenes de lesa humanidad, entre ellos homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados y un supuesto patrón de violencia sexual durante el conflicto armado.
Entre los señalados se encuentran antiguos miembros del último secretariado de las FARC, incluido Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien fue el máximo comandante de la organización guerrillera y firmó en 2016 el acuerdo de paz que puso fin a más de cinco décadas de enfrentamiento armado con el Estado colombiano.
La JEP informó que los excombatientes fueron llamados a responder como “máximos responsables” por hechos que incluyen “atentados, masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos, violación, violencia sexual y otros hechos” cometidos durante el conflicto.
Investigación por violencia sexual dentro de las FARC
La jueza Julieta Lemaitre explicó que los antiguos comandantes podrían tener responsabilidad penal “por acción o por omisión” debido a los crímenes cometidos por integrantes de sus estructuras.
Durante la audiencia, la magistrada señaló que la investigación encontró indicios de un “patrón” de violencia sexual dentro de las filas de la guerrilla, además de graves abusos contra población civil.
“El hecho de que los comandantes no controlaran a la tropa genera igualmente responsabilidad penal”, afirmó Lemaitre al explicar la decisión.
Justicia transicional tras el acuerdo de paz
La JEP fue creada como parte del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC en 2016. Su objetivo es juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto y ofrecer sanciones alternativas a la prisión para quienes reconozcan su responsabilidad, aporten verdad y reparen a las víctimas.
Los exdirigentes guerrilleros ya habían comparecido ante este sistema judicial y reconocido responsabilidades por diferentes delitos cometidos por sus estructuras.
El año pasado, varios miembros del antiguo secretariado recibieron sus primeras sanciones por una investigación relacionada con secuestros masivos. Las penas incluyen restricciones de movilidad y trabajos restaurativos en beneficio de las comunidades afectadas.
Críticas políticas a la JEP
La actuación del tribunal sigue generando fuertes divisiones políticas en Colombia. Sectores de derecha cuestionan las sanciones impuestas a antiguos miembros de las FARC y consideran que la justicia transicional ha sido demasiado indulgente con los responsables de delitos graves.
El presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo viernes tras derrotar a la izquierda en las elecciones, ha prometido reformar profundamente o eliminar la JEP, a la que ha calificado como un “tribunal de venganza” por considerar que existe una supuesta desigualdad en el tratamiento entre exguerrilleros y miembros de la fuerza pública.
La JEP aún mantiene abiertas investigaciones sobre otros actores del conflicto armado colombiano, incluidos crímenes cometidos por agentes estatales y grupos paramilitares.
