Badajoz (España), 4 de junio de 2026. El músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, negó este jueves haber intervenido o ejercido influencia en la creación y adjudicación del puesto público que obtuvo en la Diputación de Badajoz en 2017, durante su declaración ante la Audiencia de Badajoz.
El caso forma parte de un proceso judicial en el que se investigan presuntas irregularidades en la convocatoria y adjudicación de plazas públicas relacionadas con la administración provincial.
Declaración judicial: negación de influencia y defensa del proceso
Durante su comparecencia, David Sánchez aseguró que no participó en la creación del cargo de coordinador de conservatorios ni en su posterior adjudicación, y afirmó que únicamente respondió a las preguntas de su abogado defensor.
El músico explicó que el puesto al que accedió fue cubierto tras un proceso competitivo al que se presentaron alrededor de una decena de candidatos, y rechazó cualquier trato de favor.
Posteriormente, el cargo evolucionó hacia la denominación de “jefe de la Oficina de Artes Escénicas”, un cambio que, según su testimonio, no fue solicitado por él ni implicó modificaciones salariales.
Un puesto ligado a la gestión cultural
Sánchez defendió que la transformación del cargo respondió a un aumento del volumen de trabajo y a la gestión de múltiples proyectos culturales y musicales.
Aclaró que la llamada “oficina” no era un espacio físico, sino una estructura de coordinación entre conservatorios y programas como ‘Ópera Joven’, destinados a conectar estudiantes, docentes y actividades artísticas.
Otros investigados y acusaciones de tráfico de influencias
En el mismo procedimiento también está procesado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto a otras personas, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Gallardo negó igualmente haber intervenido en la adjudicación del puesto y afirmó que la creación de la plaza respondió a necesidades organizativas de la institución, sin que se pensara en ningún candidato concreto.
Peticiones de prisión y postura de la Fiscalía
La acusación popular solicita para los principales procesados penas de hasta tres años de prisión, mientras que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa al considerar que no existen elementos suficientes para sostener la acusación.
El caso ha generado una notable repercusión política en España debido a la relación familiar del principal acusado con el presidente del Gobierno, lo que ha intensificado el debate público en torno al proceso.
