Bogotá, 21 enero.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto que elimina la prima especial de servicios que recibían los congresistas y que ascendía a cerca de 16 millones de pesos mensuales (unos 3.670 dólares), una decisión que este martes generó un intenso debate político entre sectores que la celebran como un acto de austeridad y otros que la critican como un castigo al Legislativo.
“He firmado el decreto por medio del cual eliminamos la prima especial a los congresistas de la República”, anunció Petro a través de sus redes sociales, destacando la medida como parte de su política de racionalización del gasto público y equidad salarial.
El decreto 0030 de 2026, firmado el lunes y divulgado oficialmente este martes, deroga una normativa vigente desde 2013, aprobada durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que sustituyó los beneficios de localización, vivienda y salud de los legisladores por una prima económica adicional. En su momento, esta compensación equivalía a poco más de 7,8 millones de pesos, pero con los reajustes anuales vinculados al salario básico de los congresistas, su valor actual casi se duplicó.
Según el texto del decreto, el Ejecutivo considera que la remuneración total de los congresistas resulta “desproporcionada” frente al ingreso promedio de la mayoría de los colombianos y no guarda coherencia con la situación económica del país. Por ello, el Gobierno justifica la eliminación de este beneficio como una medida orientada a fortalecer los principios de sostenibilidad fiscal, transparencia, racionalidad del gasto y justicia social.
La decisión no tendrá efectos inmediatos. La eliminación de la prima especial empezará a regir a partir del 20 de julio de 2026, coincidiendo con la posesión del próximo Congreso que será elegido en las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de ese mismo año. De este modo, los actuales congresistas mantendrán el beneficio hasta el final de su mandato.
La medida fue duramente cuestionada por el presidente del Senado, Lidio García, quien aseguró que Petro percibió esa misma prima durante casi dos décadas como congresista sin manifestar reparos. A su juicio, el decreto no responde a una verdadera política de austeridad, sino que busca enviar un mensaje político contra un Congreso que, según afirmó, ha optado por mantener una posición independiente frente al Ejecutivo.
“Este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un intento de castigar políticamente a un Congreso que no se ha subordinado al Gobierno”, señaló García, al advertir que decisiones de este tipo pueden tensionar aún más la relación entre los poderes del Estado.
En contraste, sectores cercanos al oficialismo y figuras del Pacto Histórico celebraron la eliminación de la prima como un gesto de coherencia entre el discurso y la acción del presidente. El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, calificó la decisión como “una buena noticia para Colombia” y sostuvo que “el poder público debe dar ejemplo, especialmente en tiempos de dificultades económicas para millones de ciudadanos”.
La reducción de los salarios y beneficios de los congresistas ha sido un tema recurrente en la agenda política colombiana durante años. Diversas iniciativas impulsadas desde el propio Legislativo, incluyendo proyectos promovidos por el senador Iván Cepeda y otros sectores, han fracasado reiteradamente debido a la falta de consensos y a las resistencias internas dentro del Congreso.
Con este decreto, el Gobierno de Petro logra avanzar por la vía ejecutiva en una reforma simbólica y políticamente sensible, que promete seguir generando debate sobre los límites del poder presidencial, la autonomía del Congreso y la necesidad de ajustar los privilegios de la clase política en un país marcado por profundas desigualdades sociales.