Buenos Aires, 21 enero.- La Justicia argentina exigió este martes al Gobierno del presidente Javier Milei ejecutar de manera efectiva la ley de emergencia en discapacidad, una norma destinada a fortalecer el apoyo estatal a las personas con discapacidad y que permanece sin aplicación pese a haber sido aprobada y ratificada por el Congreso Nacional.
El juez federal Adrián González Charvay advirtió al Ejecutivo que la ley “deberá estar en plena ejecución” el próximo 4 de febrero, y lo intimó a acreditar ante el tribunal “el avance concreto de los trámites administrativos” necesarios para cumplir con la resolución judicial. El magistrado fijó un plazo de cinco días para demostrar avances, tras considerar injustificada la demora del Gobierno.
La ley de emergencia en discapacidad obliga al Estado argentino a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad, actualizar aranceles y reforzar los programas de asistencia y acompañamiento para un sector especialmente vulnerable de la población, que en los últimos meses ha denunciado recortes, atrasos en pagos y pérdida de cobertura.
Una ley aprobada, vetada y ratificada por el Congreso
La norma fue aprobada por el Congreso en julio, pero vetada en agosto por el presidente Milei mediante un decreto presidencial. Sin embargo, en septiembre, el Parlamento rechazó el veto, ratificando la ley y dejando al Ejecutivo obligado constitucionalmente a promulgarla y aplicarla.
Pese a ello, el Gobierno decidió no implementarla, argumentando que el proyecto no especificaba de manera expresa las fuentes de financiamiento para afrontar el incremento del gasto público que implicaría su aplicación. Este razonamiento fue cuestionado por organizaciones sociales, asociaciones de personas con discapacidad y por el propio Poder Judicial.
La Justicia rechaza los argumentos del Ejecutivo
En diciembre pasado, la Justicia ya había rechazado el planteo del Gobierno y ordenado la aplicación inmediata de la ley, un fallo que fue apelado por el Ejecutivo. No obstante, en la resolución emitida este martes, el juez González Charvay sostuvo que, habiendo transcurrido 30 días desde la presentación del recurso de apelación, el Estado no puede seguir postergando el cumplimiento de una norma vigente.
“Vencido dicho plazo, la ley deberá estar en plena ejecución, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el tribunal superior”, señaló el magistrado, dejando claro que el recurso judicial no suspende automáticamente la obligación de cumplir la ley.
Intentos de derogación vía Presupuesto
A finales del mes pasado, el Gobierno intentó derogar la ley de emergencia en discapacidad a través del Presupuesto 2026, una maniobra que fue nuevamente bloqueada por el Congreso, que modificó el proyecto enviado por el Ejecutivo y eliminó el capítulo que buscaba dejar sin efecto la norma. En la misma sesión, los legisladores también impidieron la derogación de una ley que obliga a incrementar los fondos para las universidades públicas.
Conflicto político y social en aumento
La falta de aplicación de la ley ha provocado movilizaciones y protestas en distintos puntos del país, protagonizadas por personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector, que denuncian una situación crítica y acusan al Gobierno de priorizar el ajuste fiscal por encima de derechos básicos.
Con esta nueva resolución judicial, el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial suma un nuevo capítulo, mientras el Gobierno de Milei enfrenta crecientes presiones políticas y sociales para cumplir con una ley que, según la Justicia, ya no admite más dilaciones.
