Madrid, 28 dic.- El Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar información reservada relacionada con el caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un proceso que ha generado una fuerte tensión política y mediática en España.
El tribunal impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, en una sentencia que contó con el voto particular de dos magistradas que defendían su absolución. Se trata del primer fiscal general imputado, procesado y condenado en la historia del país, un hecho sin precedentes con gran carga política, dado el respaldo que recibió del Gobierno incluso tras hacerse pública la sentencia.
García Ortiz se sentó en el banquillo de los acusados pese a las múltiples exigencias de cese por parte del PP y de asociaciones fiscales que solicitaron su renuncia, incluidas acciones fallidas ante el propio Supremo. Desde su primera declaración el 29 de enero hasta la sentencia del 9 de diciembre, el proceso marcó un hito judicial, incluido el adelanto del fallo tras solo una semana de deliberaciones, aún sin redactarse la sentencia completa, decisión que suscitó polémica.
Durante el juicio, García Ortiz negó repetidamente haber filtrado el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía delitos fiscales, afirmando: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Sin embargo, el Supremo lo condenó por la filtración del correo a Cadena Ser la noche del 13 de marzo de 2024 y por la nota de prensa emitida el 14 de marzo por la Fiscalía, que oficializó la filtración.
El alto tribunal destacó los “indicios reforzados” que construyen un cuadro probatorio sólido, al no existir una explicación alternativa que cuestione su autoría. “El fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, subrayó el Supremo, recordando que García Ortiz tenía un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación.
García Ortiz presentó su renuncia cuatro días después del fallo, sin esperar al contenido completo de la sentencia, publicada 19 días después, coincidiendo con el nombramiento de Teresa Peramato como su sucesora. La resolución judicial intensificó la confrontación entre el Gobierno, el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con fuertes críticas cruzadas sobre la defensa o condena de García Ortiz.
El futuro del exfiscal aún no está definido. Se esperan recursos judiciales que podrían llegar al Tribunal Constitucional y eventualmente a la Justicia europea, apoyándose en el voto particular de las magistradas. Además, la Inspección de la Fiscalía General deberá decidir si expulsa o suspende a García Ortiz, aunque el Supremo considera estas medidas externas “excesivas”, dejando abierta la posibilidad de consecuencias adicionales para el exfiscal.
