OTTAWA, 27 Nov.- El primer ministro Mark Carney se prepara para anunciar este jueves un acuerdo clave con el Gobierno de Alberta que podría transformar el panorama energético de Canadá al despejar el camino para un nuevo oleoducto hacia la Costa Oeste, a cambio de regulaciones ambientales más estrictas y ajustes significativos en la política climática federal.
El entendimiento, descrito por la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, como un “gran acuerdo”, permitiría avanzar simultáneamente con el megaproyecto de captura de carbono de Pathways Alliance y con un oleoducto largamente buscado por la provincia, enfrentado desde hace años a regulaciones federales y a las exigencias territoriales de Columbia Británica y las Primeras Naciones.
Carney adelantó que el memorando de entendimiento “trata de mucho más que una sola cosa”, al subrayar que el objetivo es “construir esta economía”, hacer a Canadá “más independiente” y, al mismo tiempo, “más sostenible”. El anuncio incluirá “muchos aspectos”, dijo sin precisar.
Un acuerdo que reabre el debate sobre la prohibición de petroleros
Uno de los puntos más sensibles del posible acuerdo es la prohibición de los petroleros en la costa norte de Columbia Británica, una moratoria aprobada en 2019 bajo el gobierno de Justin Trudeau, que impide el transporte de más de 12.500 toneladas métricas de crudo por esas aguas. Para Alberta, esta restricción es uno de los mayores obstáculos para exportar petróleo a Asia y diversificar mercados.
Smith ha presionado para que Ottawa revoque la medida. Pero el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, exige mantenerla, y las Primeras Naciones Costeras ratificaron el miércoles que un oleoducto hacia esa región “nunca se construirá”.
Carney evitó confirmar si la prohibición será eliminada: “Es una buena pregunta para mañana”, declaró.
Cambios al precio del carbono: un punto central del pacto
Otra área clave del memorando será la reforma del sistema de precio del carbono industrial de Alberta. La provincia mantiene el precio congelado en 95 dólares por tonelada hasta 2026, frente al incremento federal previsto a 110 dólares el próximo año.
Ottawa no ha aclarado si activará el mecanismo de salvaguarda federal en Alberta y Saskatchewan, que eliminó su precio industrial del carbono en abril. Sin embargo, la estrategia de competitividad climática del gobierno, publicada junto al presupuesto, apunta a fortalecer este sistema y a establecer una trayectoria de precios más allá de 2030.
Los sistemas de fijación de precios de carbono, como el industrial canadiense, buscan limitar las emisiones mediante un tope. Las empresas que no alcanzan su límite generan créditos de carbono, que pueden vender a otras que lo superan. Pero si estos créditos tienen un precio demasiado bajo, las compañías pierden incentivo para invertir en reducción de emisiones.
El fin del tope a las emisiones petroleras, condicionado
La estrategia climática también abre la puerta a eliminar el límite de emisiones del sector petrolero y gasífero, una demanda repetida de Alberta y de la industria. Sin embargo, Ottawa condiciona esa eliminación a:
- Un fortalecimiento del precio del carbono industrial.
- Despliegue de tecnologías avanzadas de captura y almacenamiento de carbono (CCS).
- Regulaciones más exigentes para reducir emisiones de metano en el sector energético.
Estos elementos están directamente conectados con el proyecto de Pathways Alliance, que busca capturar y almacenar millones de toneladas de CO₂, pero que depende de certidumbre regulatoria y apoyo federal para avanzar.
Carney, la “superpotencia energética” y una negociación de alto riesgo
Carney ha prometido convertir a Canadá en una “superpotencia energética”, equilibrando el desarrollo de hidrocarburos con la transición climática. Lograr un acuerdo con Alberta —la mayor productora de petróleo del país— sería un paso decisivo, pero implica tensiones con Columbia Británica, las Primeras Naciones, grupos ambientalistas y sectores del propio oficialismo.
El anuncio del jueves será determinante para saber si Ottawa está dispuesto a flexibilizar políticas emblemáticas del gobierno anterior a cambio de impulsar la competitividad energética del país y asegurar inversiones privadas multimillonarias.
Este pacto podría redefinir el futuro del petróleo canadiense, la cooperación entre provincias y la estrategia climática nacional durante la próxima década.
