Tegucigalpa, 23 NOV.- A siete días de las elecciones generales, Honduras vive un clima marcado por la tensión política, los conflictos institucionales y la incertidumbre sobre la transparencia electoral, mientras los principales candidatos presidenciales cierran sus campañas en un escenario dominado por denuncias, choques con los entes electorales y episodios de violencia.
Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar y elegir al sucesor de la actual presidenta Xiomara Castro, quien finalizará su mandato el próximo 27 de enero. De los cinco aspirantes a la presidencia, tres concentran la mayor intención de voto: Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Moncada, abogada, defiende un socialismo democrático para dar continuidad a la línea política de Castro y del expresidente Manuel Zelaya, coordinador de Libre. En contraposición, Nasralla y Asfura —ambos de orientación conservadora— representan a partidos con más de un siglo de historia en el país.
El proceso electoral ha enfrentado cambios en su cronograma debido a desacuerdos internos entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque finalmente se inició el traslado del material electoral a los centros de votación, bajo custodia de las Fuerzas Armadas como exige la ley.
La campaña, iniciada el 1 de septiembre, ha estado marcada por discursos incendiarios, escasas propuestas y una narrativa centrada en acusaciones cruzadas de fraude y en la crítica a la situación del país. Este ambiente tenso se suma a denuncias de violencia política, con ataques y asesinatos de activistas de las principales fuerzas políticas, aunque gran parte de los casos no está directamente vinculada al proceso electoral, según las autoridades.
De acuerdo con el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), entre septiembre de 2024 y esta semana se registraron 1.000 conflictos, de los cuales 275 están relacionados con violencia política, incluyendo agresiones simbólicas, acoso, coacción y amenazas entre oficialismo y oposición.
El exconsejero electoral Denis Gómez destacó un hecho inédito: las denuncias anticipadas de fraude, provenientes tanto del partido de gobierno como de la oposición. Tradicionalmente, estas acusaciones surgían después del cierre de urnas, pero en este proceso los señalamientos se han adelantado, alimentando la sensación de crisis.
La oposición, organizaciones de derechos humanos, analistas y la comunidad internacional —incluidas Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea— han expresado preocupación por la interferencia de las Fuerzas Armadas en asuntos del CNE, una acción que la legislación hondureña prohíbe. Asimismo, instaron a garantizar la independencia del organismo electoral y unas elecciones libres, transparentes y creíbles.
El próximo domingo, los hondureños elegirán un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en unos comicios clave para el rumbo democrático del país.
