Los Ángeles (EE.UU.), 20 nov. En medio de una oleada de reformas impulsadas por la administración de Donald Trump, los tribunales de inmigración de Estados Unidos se han transformado en escenarios de arrestos coordinados, deportaciones aceleradas y audiencias donde el debido proceso queda cada vez más comprometido, según una exhaustiva investigación de The Associated Press.
La escena que más ha conmocionado a expertos y defensores inmigrantes ocurrió recientemente en un tribunal federal: mientras un ciudadano cubano acudía a una audiencia que creía rutinaria, la abogada del gobierno enviaba mensajes a un agente del ICE situado a pocos metros, coordinando su inminente detención. Minutos después, una moción presentada a toda velocidad desestimó su caso, lo volvió elegible para una deportación expedita, y agentes vestidos de civil lo rodearon entre los gritos desesperados de su esposa.
Este tipo de operativos —que para muchos abogados violan el espíritu del sistema judicial— se están convirtiendo en la norma en los 75 tribunales de inmigración del país, según constató la AP tras observar audiencias en 21 ciudades y obtener capturas de pantalla de funcionarios que describen el proceso como una “línea de ensamblaje”.
Arrestos planeados días antes: hojas de cálculo, cuotas y coordinación secreta
En un sistema con casi 3,8 millones de casos atrasados, la presión interna es evidente. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaboran hojas de cálculo donde marcan qué inmigrantes son “susceptibles” de ser desestimados y arrestados el mismo día. Posteriormente, agentes del ICE seleccionan sus objetivos con antelación y aguardan en los pasillos de los tribunales a que los abogados les indiquen, casi en tiempo real, qué fallo emitió el juez.
La mayoría de los detenidos carecen de antecedentes penales y no cuentan con representación legal, contrariamente al discurso oficial que afirma que se persigue a “lo peor de lo peor”.
“Es una perversión del rol básico de un tribunal”, advirtió Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración en Los Ángeles.
Un sistema debilitado: jueces sin autonomía y despidos masivos
A diferencia de las cortes federales, los jueces de inmigración dependen directamente del Departamento de Justicia, que puede destituirlos con facilidad. Y eso, según múltiples fuentes, está ocurriendo a gran escala.
Desde el retorno de Trump a la presidencia, 86 jueces han sido enviados al desempleo, muchos de ellos seleccionados por supuesta “parcialidad” tras conceder más solicitudes de asilo que el promedio nacional. Algunos figuraban incluso en una polémica “lista negra” elaborada con fondos de la Heritage Foundation.
Entre los destituidos está la jueza Tania Nemer, hija de inmigrantes libaneses y reconocida por su trato humano en el estrado. Fue despedida en plena audiencia sin explicaciones claras.
“En cuanto me dijeron que tomara mi identificación, supe lo que estaba pasando”, relató.
Según expertos, estas decisiones están provocando un efecto escalofriante: aumentan las denegaciones de solicitudes de videollamadas, se rechazan más aplazamientos y crece la cifra de casos marcados como “abandonados”.
La presión genera tormento interno y renuncias silenciosas
Incluso entre los abogados del gobierno, la tensión es enorme. El sonido de los grilletes y la imagen de familias separadas atormentan a funcionarios que, según testimonios recogidos por AP, ingresaron al servicio público con un sentido de deber patriótico.
“Ninguno de nosotros se apuntó para esto”, confesó uno de ellos bajo anonimato.
Autodeportaciones en aumento y tribunales federales saturados
El endurecimiento del sistema ha generado un fenómeno esperado por la Casa Blanca: un récord de 14.000 solicitudes de salida voluntaria en sólo ocho meses, superando los totales acumulados de los últimos cinco años.
Simultáneamente, miles de inmigrantes acuden a los tribunales federales, la única instancia donde aún rige una independencia judicial sólida, para solicitar su liberación vía hábeas corpus. Allí se han presentado más de 3.000 solicitudes vinculadas a detenciones recientes, lo que amenaza con saturar incluso a esas cortes.
Familias destrozadas: escenas que estremecen
Las descripciones de detenciones son cada vez más dramáticas. En Virginia, un padre hondureño salió de una audiencia donde su deportación había sido negada, solo para ser interceptado por cuatro agentes del ICE segundos después.
Mientras el hombre sostenía el portabebés de su hijo, su esposa lloraba y suplicaba: “Por favor, por favor”. Su hijo discapacitado, en silla de ruedas adornada con luces, gritaba “¡Papá!” repetidamente mientras un agente lo retenía para evitar que corriera detrás de su padre.
La familia confirmó que el hombre fue deportado meses después, pese a que el tribunal no había ordenado su expulsión.
Programas de ayuda legal eliminados: la defensa queda en el aire
En abril, el gobierno eliminó 30 millones de dólares en programas de asistencia legal gratuita, dejando a miles de inmigrantes aún más vulnerables. Organizaciones como American Gateways se ven obligadas a operar desde estacionamientos, bajo el sol, con mesas improvisadas y recursos mínimos.
Un sistema en transformación radical
La administración Trump sostiene que todas estas medidas buscan “restablecer la integridad” del sistema judicial migratorio y enfrentar un incremento histórico de solicitudes de asilo. Sin embargo, funcionarios, jueces despedidos y abogados defensores coinciden en que las prácticas actuales están erosionando el concepto mismo de justicia.
Cada semana surgen nuevas denuncias, nuevas detenciones en tribunales y más familias destrozadas, en un país donde el debate migratorio continúa polarizando a la opinión pública: 57% de los adultos desaprueba actualmente el manejo de la inmigración, según AP-NORC.
Mientras tanto, miles de inmigrantes siguen enfrentando un sistema que, lejos de ofrecer amparo, parece diseñado para atraparlos.
