LIMA, 11 SEP.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, defendió este miércoles la amnistía promulgada por su Gobierno para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y comités civiles de autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno (1980-2000), y reiteró que se evalúa la permanencia del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) tras el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la aplicación de la norma.
«El Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, defendiendo siempre la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a construir su propia historia sin injerencias», afirmó Boluarte durante un homenaje a 130 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) que participaron en la lucha contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y MRTA.
Defensa de la amnistía
La mandataria destacó que la amnistía busca reconocer a quienes entregaron sus vidas en la lucha contra el terrorismo y que, pese a sus acciones, enfrentaron procesos judiciales que considera injustos. «No abandonaremos a nuestros defensores de la democracia porque la gratitud de la patria no tiene fecha de caducidad», enfatizó.
El Gobierno peruano consideró «inaceptable» que la Corte IDH se opusiera a la aplicación de la amnistía, después de que dispusiera que los jueces locales se abstuvieran de aplicarla hasta que el tribunal se pronuncie de manera definitiva.
Condecoración a policías
Durante la ceremonia en el Palacio de Gobierno, Boluarte entregó la ‘Medalla al Defensor de la Democracia’ a 130 policías, incluido el coronel Benedicto Jiménez, fundador del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que capturó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992. Jiménez recibió además un ascenso excepcional al grado de general, calificando el reconocimiento como «un incentivo moral para los integrantes de las fuerzas del orden que se enfrentaron al terrorismo».
Posible salida del Sistema Interamericano
Boluarte reiteró que Perú evalúa su permanencia en el Pacto de San José, ante lo que consideró injerencia externa en asuntos soberanos. Esta postura, promovida por un Congreso dominado por fuerzas conservadoras que respaldan a la presidenta, pone a Perú junto a Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua como países que han cuestionado su participación en el SIDH.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) criticó la amnistía, afirmando que «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y advirtió que más de 150 condenas y 600 procesos judiciales están en riesgo por la aplicación de la norma.
El anuncio de Boluarte y la promulgación de la ley consolidan un clima de tensión jurídica y política en Perú, con repercusiones en la relación del país con organismos internacionales de derechos humanos y en el debate interno sobre la justicia transicional por los crímenes cometidos durante el conflicto interno.
