MONTREAL, 18 de agosto.— Una familia haitiana fue separada en la frontera entre Quebec y Estados Unidos esta primavera, en un caso que abogados y defensores de migrantes califican como una grave falla legal que podría repetirse a medida que más solicitantes de asilo intentan ingresar a Canadá.
El episodio ocurrió en marzo, cuando la familia intentó cruzar legalmente por el paso fronterizo de Lacolle, Quebec. Los agentes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) permitieron la entrada del padre, por tener un familiar cercano en el país, pero rechazaron a su esposa embarazada y a su hija de siete años.
Semanas más tarde, ante complicaciones en el embarazo, la madre se vio obligada a pagar 4.000 dólares a contrabandistas para cruzar a pie, junto con su hija, a través de la nieve derretida. “El agente nunca debió separar a esa familia”, criticó la abogada de inmigración Paule Robitaille, quien ahora representa el caso.
Un vacío legal y creciente presión en la frontera
El padre fue admitido en Canadá, pero quedó inhabilitado para actuar como “pariente ancla” debido a que ya había solicitado asilo en Estados Unidos. Abogados consultados señalan que esta interpretación del Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) es un tecnicismo que no debería derivar en separaciones familiares.
“La definición de familiar de referencia no contempla a quienes presentan una evaluación de riesgo previa a la deportación (PRRA). Eso crea un vacío injusto”, explicó la abogada Maureen Silcoff, exintegrante de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá.
Robitaille advierte que el caso podría reflejar una tendencia más estricta de los agentes fronterizos canadienses bajo presión para limitar el número de llegadas, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.
Riesgos y vulnerabilidad
La madre relató haber cruzado de noche por el bosque junto a un grupo de migrantes, bajo temperaturas heladas. Su hija sufrió caídas y raspones durante la travesía. “Nos dimos cuenta de que era nuestra única opción”, señaló el padre, quien ahora reside con su familia en la Columbia Británica, en espera de una resolución migratoria.
La familia permanece protegida de la deportación a Haití gracias a una moratoria canadiense, pero sin estatus estable que les permita trabajar. “Son extremadamente vulnerables. Todo es muy complicado ahora”, subrayó Robitaille.
El caso reaviva los llamados a revisar el Acuerdo de Tercer País Seguro, pues defensores advierten que, con las medidas restrictivas impulsadas tanto en Washington como en Ottawa, cada vez más familias podrían enfrentarse a separaciones o verse obligadas a recurrir a contrabandistas para sobrevivir.
