RÍO DE JANEIRO, 30 julio.– El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que impone aranceles del 50% a Brasil, argumentando que las acciones del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro constituyen “una emergencia económica nacional”, amparada bajo una ley de 1977.
Los nuevos aranceles, que entrarán en vigor en siete días, excluyen algunas de las principales exportaciones brasileñas, como aviones, jugo de naranja y energía, pero representan una respuesta directa de la Casa Blanca a lo que considera una ofensiva judicial y política contra Bolsonaro y sus simpatizantes.
Según el documento oficial, autoridades brasileñas —con énfasis en el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes— han ejecutado una campaña sistemática de persecución política, censura y violaciones a los derechos humanos. La orden acusa al magistrado de emitir centenares de órdenes para silenciar opositores, imponer multas arbitrarias, e incluso amenazar con excluir empresas estadounidenses del mercado brasileño.
En al menos un caso, se denuncia que se congelaron activos de una empresa estadounidense en Brasil y que incluso se han iniciado procesos penales contra ciudadanos y residentes estadounidenses, como Paulo Figueiredo, por comentarios emitidos fuera del país sudamericano.
La administración Trump también revocó visados a De Moraes, a otros magistrados del Supremo brasileño y a sus familiares inmediatos, amparándose en la “America First Policy”, que prioriza la seguridad y los intereses nacionales. Estas medidas se suman a las restricciones de visado implementadas el 28 de mayo de 2025 por el secretario de Estado, Marco Rubio, contra extranjeros que censuren la libertad de expresión amparada por la legislación estadounidense.
El gobierno de EE.UU. sostiene que las acciones brasileñas afectan directamente a empresas tecnológicas estadounidenses, forzándolas a modificar sus políticas de contenido y a entregar información confidencial de usuarios norteamericanos, lo cual compromete tanto la libertad de expresión como los principios democráticos que Washington dice defender.
El trasfondo económico también ha sido cuestionado. Aunque Trump inicialmente había amenazado con estos aranceles alegando desequilibrios comerciales, la Oficina del Censo reportó que Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 6.800 millones de dólares con Brasil en 2024, debilitando ese argumento. Sin embargo, la nueva orden ejecutiva se basa en fundamentos de seguridad nacional, enfocándose en la protección de la democracia y la soberanía económica estadounidense.
Con esta decisión, Trump intensifica su respaldo a Bolsonaro —a quien recibió en Mar-a-Lago en 2020— y elevan la tensión diplomática y comercial entre EE.UU. y Brasil, justo cuando ambos países se enfrentan por el control de la narrativa política y los derechos digitales en la región.
