MADRID, 30 junio.- El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones irregulares de obra pública, en la que habría percibido y distribuido comisiones ilegales de constructoras, especialmente de la empresa Acciona.
En un auto que marca un hito en el llamado caso Koldo, el magistrado sostiene que existen “indicios verdaderamente extraordinarios” de que Cerdán habría incurrido en delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, desempeñando un papel central en la recaudación y reparto de sobornos.
“Era el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos”, afirma el juez, quien subraya que el exdirigente socialista mantenía una “relación vertical de cierta preeminencia” con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
Ingreso en Soto del Real
Santos Cerdán fue trasladado en la tarde del domingo a la prisión de Soto del Real (Madrid) en un furgón de la Guardia Civil, tras declarar por primera vez ante el Supremo desde que dimitió de su cargo y del Congreso. Permanecerá en prisión preventiva mientras se le adjudica módulo.
Indicios sólidos y riesgo de destrucción de pruebas
A diferencia de otros implicados, Cerdán no ha sido objeto de registros policiales ni se ha investigado aún su patrimonio, por lo que el magistrado considera que existe riesgo fundado de que pueda ocultar o destruir pruebas clave.
Además de las grabaciones que Koldo García conservó durante cuatro años —y que comprometen directamente a Cerdán en conversaciones con él y Ábalos sobre la recaudación de pagos—, el juez descarta que existan indicios de manipulación de los audios o que García actuase como agente encubierto.
“No cabe considerar que los hechos hayan sido provocados ni que las pruebas hayan sido manipuladas”, zanja el auto.
Adjudicaciones por más de 500 millones
Las adjudicaciones bajo sospecha alcanzan los 537 millones de euros y afectan a obras en Logroño, Sevilla, Murcia y Barcelona, todas ellas con un denominador común: fueron concedidas a Acciona Construcción en UTE con empresas menores, sin presentar la mejor oferta económica.
Aunque el “botín” identificado hasta ahora ronda solo el millón de euros, el juez plantea que el beneficio real podría superar los 5 millones, si se aplicase un porcentaje común del 1 % sobre el volumen total adjudicado, lo que sugiere la existencia de más implicados aún no identificados.
Rol clave de Cerdán en la organización
Según el auto, Cerdán habría sido quien reclamaba a las constructoras los pagos pendientes, los recaudaba y los distribuía, cumpliendo un rol logístico y funcional clave. Las empresas, según los audios, se dirigían a él directamente para cumplir con los “acuerdos”.
El juez también señala que ni Ábalos ni Koldo García conocían necesariamente los nombres de los pagadores ni las cantidades exactas, lo que refuerza el papel de Cerdán como nexo operativo entre el mundo político y las empresas beneficiadas.
Rechazo al argumento de persecución política
Cerdán intentó justificar la causa como una “persecución política” por su papel en las negociaciones con PNV y EH Bildu para formar gobierno en 2023. El juez descarta completamente esta tesis y reitera que los indicios “no sólo son numerosos, sino también extraordinariamente consistentes”.
| Punto clave | Detalle |
|---|---|
| Delitos imputados | Organización criminal, cohecho y tráfico de influencias |
| Empresa adjudicataria principal | Acciona Construcción |
| Monto total de obras bajo sospecha | 537,2 millones de euros |
| Comisiones detectadas hasta ahora | ≈ 1 millón de euros (posible beneficio real: +5 millones) |
| Otros implicados | José Luis Ábalos y Koldo García (con medidas cautelares, pero en libertad) |
| Estado procesal de Cerdán | Prisión preventiva sin fianza en Soto del Real |
| Pruebas clave | Grabaciones de audio aportadas por Koldo García |
Esta decisión judicial marca un giro determinante en la investigación que sacude al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, y amenaza con extender sus ramificaciones a otras instituciones y empresas adjudicatarias.
