Los Ángeles, 11 junio – La ciudad de Los Ángeles vivió una noche de alta tensión luego de que la policía impusiera un toque de queda en el centro de la ciudad como respuesta a las crecientes protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. A pocos minutos de entrar en vigor la medida, las fuerzas del orden realizaron casi 200 arrestos, mientras que se desplegaron agentes a caballo y se utilizaron proyectiles de control de multitudes para dispersar a cientos de manifestantes.
La protesta, que ya lleva cinco días consecutivos, ha generado un estado de emergencia local declarado por la alcaldesa Karen Bass, quien extendió el toque de queda desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. La medida se aplica exclusivamente a una zona de aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados en el centro de Los Ángeles, excluyendo a residentes, personas sin hogar, prensa acreditada y personal de emergencia.
“Hemos llegado a un punto de inflexión”, declaró la alcaldesa Bass, señalando que al menos 23 negocios fueron saqueados el martes.
Trump amenaza con Ley de Insurrección y llama “enemigos” a manifestantes
Desde Washington, el presidente Trump defendió el uso de la Guardia Nacional y el despliegue de 700 marines en la ciudad, afirmando en Truth Social que sin su intervención, “la ciudad habría ardido hasta sus cimientos”. En una conferencia desde la Oficina Oval, dejó abierta la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, una medida extrema que permitiría el uso directo de fuerzas militares para controlar la situación.
Más tarde, en un discurso en Fort Bragg, Trump llamó a los manifestantes “animales” y “enemigos extranjeros”, intensificando la retórica en medio del clima de agitación civil.
Guardia Nacional en alerta, protestas en otras ciudades
A pesar de que la Guardia Nacional permanece vigilante, no participó directamente en los arrestos. En otras ciudades como Nueva York, Dallas, Austin, Chicago y San Antonio, también se reportaron manifestaciones y arrestos. La policía de Nueva York informó 86 detenciones entre el martes por la noche y la mañana del miércoles.
En Austin, Texas, agentes utilizaron gases irritantes para dispersar a los manifestantes, mientras que tropas estatales de la Guardia Nacional se encuentran “en espera” ante nuevas convocatorias.
Newsom denuncia “militarización” y acude a los tribunales
El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Trump de imponer una “red de arrastre militar” sobre la ciudad y solicitó a un tribunal que detenga la asistencia militar a operaciones de inmigración, señalando que su presencia “solo alimenta las tensiones”.
“Lo que más desea Donald Trump es su lealtad, su silencio, que sean cómplices en este momento. No cedan ante él”, advirtió Newsom en un discurso televisado.
Una audiencia judicial sobre este tema fue fijada para el jueves.
Protestas frente a centros de detención y aumento de vigilancia en escuelas
Las manifestaciones comenzaron el viernes, luego de que agentes federales realizaran redadas migratorias que resultaron en decenas de detenciones. Algunos manifestantes bloquearon autopistas, incendiaron vehículos y enfrentaron la respuesta policial con gases lacrimógenos y balas de goma.
Frente a un centro federal de detención, cientos se congregaron pacíficamente, mientras que en escuelas locales se reforzó la seguridad durante las ceremonias de graduación por temor a nuevas acciones del ICE. Algunas escuelas incluso ofrecieron transmisiones por Zoom para resguardar a padres indocumentados.
Según el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, el toque de queda busca “proteger vidas y propiedades”, en medio de lo que describió como una escalada de “comportamiento ilegal y peligroso”.
| Arrestos realizados en Los Ángeles el martes |
|---|
| Total de arrestos |
| Arrestos por bloquear autopista 101 |
| Otros cargos |
| Agentes heridos |
El escenario en Los Ángeles y en otras ciudades estadounidenses sugiere un nuevo capítulo de confrontación política y social en torno a la política migratoria de línea dura del presidente Trump, mientras aumenta la presión legal y ciudadana para frenar su ejecución en suelo estadounidense.
