MADRID, 29 MAYO – El Ejecutivo autonómico de Madrid considera que el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, constituye un nuevo ejemplo del «uso del aparato del Estado» en su contra. Según fuentes del gobierno madrileño, la estrategia del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sería «alargar este asunto para intentar tapar todos sus escándalos».
Una jueza de Madrid dictó un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) contra González Amador por un supuesto fraude fiscal de 350.951 euros y presunta falsedad documental. Según las fuentes consultadas, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha optado por «dar una patada para adelante» antes de jubilarse, comparando esta decisión con su papel como instructora en el caso Nacho Cano.
Criticando la gestión judicial
Las mismas fuentes señalaron que la magistrada ha procesado a González Amador «sin dejarle defenderse», además de haberle «denegado la declaración de testigos y peritos». Este auto, contra el cual cabe recurso, cierra temporalmente esta línea de investigación, permitiendo ahora a las acusaciones solicitar la pena correspondiente de cara al futuro juicio.
Sin embargo, la jueza mantiene abierta otra pieza separada relacionada con los negocios de González Amador con el grupo Quirón. En esta causa derivada, el novio de Ayuso declaró el pasado 10 de abril defendiendo la legalidad de dichos contratos y tratando de desmontar la tesis fiscal de que pagó una comisión encubierta de 499.836 euros.
En la causa principal, iniciada en marzo de 2024, ni González Amador ni otros empresarios investigados han llegado a declarar.
Postura desde el Ayuntamiento de Madrid
Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, reiteró que González Amador es un «ciudadano particular» y expresó más preocupación por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está siendo investigado por delitos graves. Según Sanz, García Ortiz debería ser «el garante de que se cumpla la legalidad», pero «lo que vemos es precisamente todo lo contrario».
Además, criticó las «campañas de acoso y hostigamiento permanente» hacia instituciones clave, como la Guardia Civil, señalando que «todos los días estamos viendo cómo estas campañas afectan a servidores públicos que cumplen con su trabajo».
El pacto propuesto y su repercusión
Antes de que se abriera el procedimiento contra González Amador, uno de sus abogados, Carlos Neira, propuso un pacto al fiscal en el que reconocía dos delitos fiscales a cambio de reducir la petición de pena y evitar un juicio. La filtración de ese correo desencadenó una investigación al Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo.
Durante su testimonio, González Amador afirmó desconocer dicho correo enviado el 2 de febrero de 2024, aunque admitió que había pedido a su letrado buscar una solución que generara menos «ruido» para no perjudicar a su pareja. A pesar de este desconocimiento, reconoció que su abogado le informó de que alcanzar un pacto implicaba reconocer los hechos, algo que finalmente no hizo ante la jueza.
Este caso refuerza las tensiones políticas entre el gobierno central y el ejecutivo madrileño, mientras sigue generando debate sobre el uso de mecanismos judiciales en contextos políticos sensibles.
