NEWARK, 8 MAYO.- El centro de detención Delaney Hall, ubicado en una zona industrial de Newark, Nueva Jersey, ha generado controversia tras su apertura este mes bajo la administración del gobierno del presidente Donald Trump. La instalación, operada por el Grupo GEO, una empresa privada de prisiones, tiene capacidad para albergar hasta 1.000 personas y fue inaugurada como parte de las iniciativas federales para intensificar el control migratorio y facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados.
Este desarrollo ha desatado protestas lideradas por el alcalde de Newark, Ras Baraka, quien se opone a la apertura del centro argumentando problemas con los permisos municipales y criticando los métodos del gobierno federal. A continuación, un análisis más profundo sobre la situación:
¿Qué es el Delaney Hall y por qué aparece en las noticias?
El Delaney Hall es una instalación de dos pisos ubicada junto a una prisión del condado en Newark. Anteriormente funcionaba como un centro de reinserción social, pero fue convertido en un centro de detención para inmigrantes tras un acuerdo de 1.000 millones de dólares por 15 años entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Grupo GEO.
La creación del centro forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para reforzar las medidas contra la inmigración ilegal. Sin embargo, su apertura ha sido objeto de críticas por parte de defensores de los inmigrantes, autoridades locales y grupos de derechos humanos, quienes argumentan que viola normas legales y éticas.
Aunque no está claro si ya hay personas detenidas en el interior, tanto el Grupo GEO como ICE han evitado confirmar esta información. Mientras tanto, el alcalde Baraka ha presentado una demanda para bloquear temporalmente la operación del centro, aduciendo problemas relacionados con los permisos de construcción.
¿Qué dice el alcalde Ras Baraka?
El alcalde Ras Baraka ha liderado las protestas contra el Delaney Hall, calificándolo como una violación de los derechos humanos y del debido proceso constitucional. En declaraciones públicas, Baraka señaló que el caso no es una cuestión partidista, sino un asunto de principios fundamentales:
“Desde mi punto de vista, no es una cuestión demócrata o republicana. Es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de debido proceso, una cuestión de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, afirmó esta semana.
Baraka sostiene que el Delaney Hall carece de los permisos municipales adecuados, incluyendo un certificado de habitabilidad. Además, según documentos judiciales, la ciudad identificó varios problemas técnicos durante una inspección, como la falta de enchufes eléctricos con conexión a tierra en algunas habitaciones y la necesidad de un permiso especial para una nueva puerta de entrada relacionada con trabajos eléctricos.
El alcalde intentó ingresar al edificio recientemente, pero fue rechazado. Este acto simbólico forma parte de su campaña para llamar la atención sobre lo que considera una violación de las normas locales y un abuso de poder por parte del gobierno federal.
Posición del Grupo GEO
El Grupo GEO, empresa responsable de administrar el Delaney Hall, ha respondido a las críticas acusando al alcalde Baraka de politizar la situación. Según Christopher Ferreira, portavoz de la compañía, funcionarios municipales no objetaron cuando el gobierno de Barack Obama utilizó la misma instalación como centro de procesamiento del ICE.
En un comunicado, Ferreira destacó los beneficios económicos del centro para la comunidad local:
“El centro está creando cientos de empleos sindicalizados, con un salario anual promedio de 105.000 dólares, y se prevé que contribuya con 50 millones de dólares a la economía local de Newark”.
Sin embargo, en documentos judiciales, la empresa rechaza las acusaciones de la ciudad, afirmando que no existe fundamento legal para intentar bloquear la operación basándose en “supuestas violaciones a los códigos municipales”.
El contexto político y social
La disputa en torno al Delaney Hall refleja tensiones más amplias sobre la política migratoria en Estados Unidos. Por un lado, el gobierno de Trump argumenta que estas instalaciones son necesarias para cumplir con su mandato electoral de fortalecer el control migratorio. Por otro lado, funcionarios demócratas y activistas critican las medidas como excesivas e inhumanas, señalando que priorizan la seguridad nacional sobre los derechos individuales.
Además, el caso subraya la división entre el gobierno federal y las autoridades locales, particularmente en ciudades como Newark, que se consideran “santuarios” para inmigrantes. Para el alcalde Baraka, enfrentarse al gobierno federal también ofrece una oportunidad de destacar dentro de su carrera política, ya que actualmente compite en las primarias demócratas para gobernador de Nueva Jersey.
Próximos pasos
El futuro del Delaney Hall dependerá en gran medida del resultado de la batalla legal entre la ciudad de Newark y el Grupo GEO. Mientras tanto, las protestas continúan frente al edificio, donde residentes y activistas exigen transparencia y justicia para los inmigrantes afectados.
Independientemente del resultado, este caso ejemplifica los desafíos y conflictos que surgen cuando las políticas nacionales chocan con intereses locales y preocupaciones humanitarias.
