SAN SALVADOR, 19 de abril — Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño con estatus legal en Estados Unidos, fue trasladado a otra cárcel en El Salvador después de pasar semanas detenido en la megacárcel de máxima seguridad conocida como Cecot. La situación ha generado críticas por parte del senador estadounidense Chris Van Hollen, quien visitó el país esta semana para exigir su liberación.
El legislador, representante del estado de Maryland, donde Ábrego residía desde hace más de una década, se reunió con el migrante el jueves en San Salvador. Durante una conferencia de prensa realizada este viernes, Van Hollen reveló detalles sobre el caso y acusó al Gobierno de Donald Trump de violar la Constitución y mentir sobre las circunstancias que llevaron a la detención del salvadoreño.
Traslado a Nueva Cárcel, Pero Sin Libertad
Según informó el senador, Ábrego fue trasladado hace nueve días a una prisión ubicada en Santa Ana, al oeste de El Salvador. A pesar del cambio de ubicación, el migrante sigue sin acceso a comunicaciones con el exterior y permanece profundamente afectado por su encarcelamiento en el Cecot, una instalación marcada por múltiples denuncias de abuso de derechos humanos.
“Kilmar está muy triste porque no ha cometido ningún crimen”, declaró Van Hollen durante la conferencia. “Las autoridades salvadoreñas no le han dado ninguna explicación clara sobre por qué sigue detenido”, agregó.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, también se reunió con el senador y señaló que Ábrego permanece en prisión porque el Gobierno de Trump “está pagando” para mantenerlo bajo custodia. Esta afirmación refuerza las preocupaciones sobre los vínculos entre Washington y las políticas carcelarias implementadas por el régimen de Nayib Bukele.
Ábrego, de 29 años, no ha podido hablar con su esposa ni con sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses. En su conversación con Van Hollen, el migrante expresó que pensar en su familia es lo que le da fuerzas para seguir adelante.
Acusaciones Políticas y Fallos Judiciales Ignorados
El caso de Ábrego ha tomado un giro político, con el senador Van Hollen criticando duramente al Gobierno de Trump. Según el legislador, la administración estadounidense ha ignorado una orden emitida la semana pasada por la Corte Suprema de EE.UU., que instruyó facilitar el retorno del migrante a territorio estadounidense.
“Este caso no trata solo de un hombre; es sobre la protección de las libertades fundamentales y el respeto a la Constitución”, enfatizó Van Hollen.
El migrante huyó de El Salvador hace años debido a amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18, según documentos judiciales presentados por su defensa. Sin embargo, el Gobierno de Trump ha intentado vincularlo públicamente con la MS-13, pese a que Ábrego no tiene antecedentes penales en EE.UU.
La Casa Blanca publicó recientemente una serie de documentos relacionados con el caso, incluyendo detalles de una investigación inconclusa derivada de una parada de tráfico en 2022. En ese incidente, Ábrego conducía un vehículo en el que viajaban otros ocho hombres. No obstante, las autoridades nunca presentaron cargos contra él.
Campaña Contra Migrantes: Un Patrón Preocupante
Ábrego forma parte de un grupo de más de 200 migrantes –en su mayoría venezolanos– expulsados de EE.UU. y enviados directamente a prisiones de alta seguridad en El Salvador sin posibilidad de apelar ante una corte. Organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado estas acciones como “desaparición forzada”.
El Gobierno de Trump ha justificado estas expulsiones argumentando que los migrantes tienen vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y la MS-13, clasificadas recientemente como organizaciones terroristas. Sin embargo, investigaciones realizadas por medios estadounidenses demuestran que la mayoría de los deportados carecen de antecedentes penales.
A pesar de la orden judicial emitida por el Tribunal Supremo de EE.UU., tanto Washington como las autoridades salvadoreñas han afirmado no tener la capacidad para cumplir con la decisión. Este impasse ha generado dudas sobre la transparencia del acuerdo entre ambos países.
Un Acuerdo Controvertido
Como parte del pacto alcanzado entre EE.UU. y El Salvador, Washington se comprometió a pagar 6 millones de dólares anuales para financiar el sistema carcelario salvadoreño. Aunque los detalles específicos del acuerdo siguen siendo confidenciales, las críticas han aumentado debido al uso de fondos públicos para sostener condiciones carcelarias que han sido ampliamente denunciadas por violar derechos humanos.
El caso de Kilmar Ábrego ha puesto de relieve las tensiones entre política migratoria, derechos civiles y relaciones internacionales, dejando en evidencia las contradicciones de un sistema que prioriza intereses geopolíticos sobre el bienestar individual de los migrantes.
