MIAMI, 17 de abril — Florida, el tercer estado con mayor población inmigrante en Estados Unidos, se ha transformado en el epicentro de una agresiva política migratoria impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien ha presionado a autoridades locales para que adopten medidas que permitan la persecución de indocumentados. Este cambio afecta profundamente comunidades latinas como Orlando y Doral, donde las autoridades han decidido autorizar a sus policías a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mediante el controvertido acuerdo 287(g).
El Caso de Doral: Una Ciudad Mayoritariamente Latina en el Ojo del Huracán
En Doral, parte del área metropolitana de Miami, donde un 70,7 % de los residentes son inmigrantes y casi la mitad de la población es de origen venezolano, el Concejo municipal tiene previsto aprobar este miércoles su participación en el programa 287(g). Esta medida ha generado rechazo entre activistas de derechos humanos y grupos vecinales, quienes argumentan que pone en peligro a comunidades vulnerables.
“Es una traición más”, afirmó Susana Ríos, una venezolana de 57 años beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS), cuya extensión fue negada recientemente por la Casa Blanca y ahora está siendo litigada en los tribunales. Para muchos inmigrantes como Susana, estas políticas representan una amenaza directa a su seguridad y estabilidad.
El temor también es palpable entre jóvenes como José González, un inmigrante de 21 años que asegura sentirse “desamparado”. No puede olvidar las imágenes de los venezolanos deportados sin derecho procesal a países como El Salvador, donde enfrentan incertidumbre y riesgos.
“Estamos todos en peligro”, declaró González.
Orlando: Turismo y Tensión Migratoria
En Orlando, una ciudad icónica por ser sede de parques temáticos como Disney World y Universal Studios, y donde el 36 % de la población es hispana, el Ayuntamiento autorizó esta semana que la policía local colabore con ICE bajo el mismo acuerdo 287(g). Esto significa que los agentes recibirán entrenamiento federal para identificar y detener a inmigrantes indocumentados.
La decisión ha generado preocupación entre las comunidades latinas, que ven cómo estas medidas erosionan la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden. Activistas advierten que esto podría desalentar a los inmigrantes de reportar crímenes o buscar ayuda ante situaciones de emergencia.
Presiones del Gobierno Estatal
El impulso detrás de estas decisiones proviene directamente del gobernador Ron DeSantis, quien ha liderado una cruzada contra las ciudades santuario y ha promovido leyes que penalizan severamente a funcionarios locales que no cumplan con las normativas migratorias federales. Bajo estas leyes:
- Las ciudades santuario pueden enfrentar multas de hasta $5,000.
- Funcionarios públicos pueden ser suspendidos o destituidos si se niegan a colaborar con ICE.
Como resultado, más de 100 agencias gubernamentales en Florida, incluidos todos los condados, han firmado acuerdos 287(g). Además, ciudades como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West, y ahora Orlando y Doral, se han sumado al programa.
Incluso universidades públicas importantes, como la Florida International University (FIU), la University of Florida (UF) y la Florida Atlantic University (FAU), han comenzado a implementar políticas restrictivas relacionadas con la inmigración.
Argumentos Oficiales vs. Preocupaciones Comunitarias
Las autoridades locales defienden estas medidas argumentando que se centrarán exclusivamente en individuos con antecedentes penales y que respetarán los derechos de todos los residentes. Por ejemplo, Rafael Pineyro, concejal venezolano en Doral, señaló:
“La comunidad debe entender que ya Miami-Dade hizo el acuerdo. La gente transita por todas partes, no se queda en una ciudad. Estamos tratando de apoyarlos y cuidarlos a todos.”
Sin embargo, activistas como Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolanoamericano, critican duramente estas políticas:
“No me puedo imaginar la desconfianza que va a generar entre la comunidad y la policía este acuerdo,” dijo Ferro. “La gente dejará de reportar crímenes o buscar ayuda porque temerá ser deportada.”
Amenazas y Presiones Políticas
La presión sobre las autoridades locales ha sido abrumadora. Esta semana, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, recibió una carta del fiscal de Florida, James Uthmeier, en la que lo amenazaba con destituirlo si no permitía que sus policías colaboraran con ICE. Un caso similar ocurrió en Fort Myers, donde el concejo municipal tuvo que revertir su voto unánime en contra del acuerdo tras recibir amenazas similares.
Además, el director de inmigración de Florida, Larry Keefe, anunció la creación del Panel de Responsabilidad de las Fuerzas del Orden (LEAD), una herramienta que permite a ciudadanos y oficiales denunciar anónimamente a agencias que no cumplan con las leyes migratorias estatales. Este mecanismo refuerza aún más el control gubernamental sobre las políticas locales.
Conclusión: ¿Qué Significa Esto para Florida?
¿Qué implica esta escalada migratoria en Florida? Las medidas impulsadas por DeSantis buscan consolidar al estado como un bastión de la política antiinmigrante en Estados Unidos. Sin embargo, estas acciones tienen un alto costo social y humano, especialmente en comunidades latinas que ya enfrentan múltiples desafíos.
Para miles de inmigrantes, estas políticas significan vivir bajo constante amenaza de deportación, incluso aquellos con arraigo comunitario y vínculos familiares sólidos. La erosión de la confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden podría tener consecuencias duraderas, dificultando la cooperación necesaria para garantizar la seguridad pública.
Mientras tanto, organizaciones civiles y activistas continúan luchando contra estas iniciativas, argumentando que criminalizar a los inmigrantes no solo es injusto, sino contraproducente para la integración social y económica. El dilema sigue abierto: ¿proteger fronteras o proteger personas?
En última instancia, el impacto de estas políticas dependerá de cómo evolucione el debate nacional sobre inmigración y si otras regiones optan por seguir el ejemplo de Florida. Por ahora, el estado se posiciona como un laboratorio para experimentos migratorios que podrían marcar el rumbo del futuro político en EE.UU.
