LIMA, 15 de abril — El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados este martes a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, relacionado con la recepción de aportaciones ilícitas provenientes del gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. Tras la sentencia, Humala fue inmediatamente arrestado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a prisión.
El tribunal también condenó a 12 años de cárcel al hermano de Heredia, Ilán Heredia, quien fue encontrado culpable de participar en los mismos delitos. La jueza Nayko Coronado, directora del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, ordenó una “ejecución provisional de la sentencia”, lo que implica que los tres acusados deben ser enviados inmediatamente a prisiones designadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Los Hechos: Dinero Ilícito y Financiamiento de Campañas
Durante el juicio, el tribunal determinó que tanto Humala como Heredia recibieron dinero de origen ilícito para financiar sus campañas políticas:
- Aportes de Venezuela:
Según las investigaciones, durante la campaña electoral de 2006, Humala habría recibido fondos del gobierno de Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela. Estos recursos no fueron declarados oficialmente y se intentaron legitimar mediante mecanismos fraudulentos. - Aportes de Odebrecht:
En la campaña de 2011, que llevó a Humala a la presidencia de Perú, se detectaron transferencias por un monto cercano a 3 millones de dólares provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, conocida por su implicación en múltiples casos de corrupción en América Latina.
La jueza Coronado destacó que estos fondos fueron ocultados mediante “aportes falsos e inexistentes”, lo que constituye un delito tipificado como lavado de activos agravado. Además, señaló que existen indicios de la formación de una organización criminal dentro de la estructura política liderada por Humala y Heredia.
Reparación Civil y Responsabilidad Penal
El tribunal estableció que el monto de reparación civil derivado de este caso será de 10 millones de soles (equivalentes a unos 2,67 millones de dólares o 2,35 millones de euros). Este dinero busca compensar los daños causados al Estado peruano por las prácticas ilegales vinculadas al financiamiento de las campañas.
La magistrada Coronado afirmó que la evidencia presentada durante el juicio demostró claramente la participación de los acusados en actividades delictivas:
«En este juicio se ha probado la comisión del delito de lavado de activos con estos actos diversos de agenciarse dinero de procedencia ilícita», declaró Coronado.
Además, adelantó que el tribunal hará la lectura completa de la sentencia el próximo 29 de abril, pero ya confirmó que los elementos recopilados apuntan a la existencia de una organización criminal detrás de estas actividades.
Defensa y Declaraciones de Humala y Heredia
Durante el proceso judicial, ambos acusados negaron las acusaciones en su contra. En una entrevista con EFE en febrero pasado, Humala aseguró que si Odebrecht había enviado dinero a Perú para financiar su campaña, este habría sido desviado por Jorge Barata, exjefe de la empresa en el país:
«Si esa tesis de que, efectivamente, Marcelo (Odebrecht) había dispuesto a Barata (para enviar dinero a su campaña), lo que yo pienso, primero, (es que) no creo que eso haya pasado, pero, si es que eso ha pasado, Barata se robó la plata», manifestó Humala.
Por su parte, Nadine Heredia declaró durante el juicio que nunca recibió dinero del gobierno de Chávez ni de otras fuentes externas, incluyendo al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o empresas brasileñas. Sin embargo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público contradijeron estas afirmaciones.
Heredia, quien tuvo una participación destacada en las actividades del Partido Nacionalista Peruano (PNP), fue acusada de dirigir las campañas electorales y de participar activamente en la recolección de fondos ilícitos. Su rol como primera dama no fue solo protocolar, sino que, según las investigaciones, ejerció influencia en decisiones políticas durante el gobierno de Humala.
Impacto Político y Social
La condena de Humala y Heredia marca un hito en la lucha contra la corrupción en Perú. Ambos fueron figuras centrales en la política nacional durante más de una década, promoviendo un discurso de izquierda y justicia social. Sin embargo, su caída en desgracia refuerza la percepción de que la corrupción sigue siendo un problema endémico en el sistema político peruano.
El caso también forma parte de una serie de investigaciones más amplias que han salpicado a múltiples líderes políticos y empresariales en América Latina, especialmente en relación con Odebrecht, cuya red de sobornos afectó a más de una decena de países.
Próximos Pasos
La orden de prisión preventiva ejecutada este martes significa que Humala, Heredia y su hermano Ilán deberán permanecer recluidos mientras concluyen los trámites legales. El INPE determinará en qué penales cumplirán su sentencia, aunque se espera que sean instalaciones de alta seguridad debido a la relevancia pública de los condenados.
Mientras tanto, el caso seguirá generando debates sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas y la necesidad de implementar controles más estrictos para evitar prácticas similares en el futuro.
Conclusión: Un Caso Emblemático
¿Qué significa esta sentencia para Perú? La condena de Ollanta Humala y Nadine Heredia representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad en el país. No obstante, también destaca las profundas conexiones entre poder político y financiamiento ilícito, un fenómeno que sigue socavando la democracia en América Latina.
Este caso subraya la importancia de fortalecer las instituciones judiciales y garantizar que los responsables de actos de corrupción enfrenten consecuencias, independientemente de su posición o influencia. Mientras tanto, el pueblo peruano observa con atención cómo se desarrolla esta nueva etapa en la búsqueda de justicia y transparencia.
