CARACAS, 18 de marzo.— El gobierno de Venezuela exigió este martes información y el retorno inmediato de más de 200 migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente estadounidense Donald Trump. Caracas calificó estas acciones como un “secuestro” basado en una normativa “ilegal” y “violatoria de los derechos humanos”.
La Denuncia de Venezuela
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró las protestas durante una marcha convocada por el chavismo en Caracas para respaldar a los migrantes afectados. Durante su intervención, Rodríguez denunció que los venezolanos fueron engañados bajo la promesa de ser repatriados a su país, pero en lugar de eso fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
“Fueron secuestrados en los Estados Unidos bajo la promesa de que venían a Venezuela, y fueron entregados a una cárcel de máxima seguridad diseñada para la violación de los derechos humanos”, afirmó Rodríguez.
La funcionaria también acusó a EE.UU. y El Salvador de violar tanto la legalidad nacional como internacional al criminalizar injustamente a los migrantes venezolanos, a quienes Washington vincula con la organización criminal Tren de Aragua, señalada como terrorista por la Administración Trump.
Rodríguez rechazó enfáticamente que el gentilicio venezolano sea asociado con actividades criminales o terroristas:
“Estamos ante violaciones sistemáticas de la legalidad que pretenden criminalizar la nacionalidad venezolana. Por eso decimos que Venezuela es digna siempre.”
Alerta de Viaje Emitida por Venezuela
La noche del lunes, el gobierno venezolano emitió una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos sobre los riesgos que podrían enfrentar en territorio estadounidense debido a lo que describió como un “aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio” y políticas de hostigamiento contra los migrantes venezolanos.
Según el comunicado oficial, se han registrado casos de:
- Detenciones arbitrarias.
- Deportaciones sin causa justificada.
- Confiscación de bienes y documentos personales.
- Tratos discriminatorios y vejatorios por parte de autoridades estadounidenses.
- Encarcelamientos sin debido proceso y traslados forzados a cárceles de terceros países.
El anuncio refleja la preocupación del gobierno venezolano por la seguridad y los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, especialmente frente a las recientes medidas adoptadas por la administración Trump.
El Papel de El Salvador
El domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que más de 250 personas habían sido enviadas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite la detención y deportación de extranjeros considerados una amenaza a la seguridad nacional. Según Rubio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aceptó encarcelar a estos individuos en su país.
Sin embargo, esta medida ha generado controversia, ya que un juez federal en EE.UU. ordenó bloquear temporalmente el uso de esta ley, argumentando posibles violaciones constitucionales. Pese a ello, los migrantes venezolanos ya fueron transferidos a El Salvador, donde permanecen recluidos en condiciones que han sido ampliamente criticadas.
Protestas de Familiares
Este lunes, familiares de los migrantes afectados organizaron una manifestación en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste de Venezuela), para exigir que los detenidos sean enviados de regreso a su país. Los familiares negaron rotundamente que los migrantes pertenezcan al Tren de Aragua o tengan vínculos con actividades criminales.
“Son trabajadores honrados que buscaban mejorar sus vidas en EE.UU. No son criminales”, declaró uno de los manifestantes.
Las protestas reflejan la indignación y desesperación de las familias, que temen por la seguridad y bienestar de sus seres queridos en prisión en un país extranjero.
Reacciones Internacionales
La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que han criticado tanto la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros como la colaboración de El Salvador en el encarcelamiento de migrantes sin un debido proceso legal.
Además, expertos jurídicos han destacado que la medida podría abrir un precedente peligroso en materia de derechos humanos y migración, al permitir la deportación masiva y arbitraria de personas bajo acusaciones no comprobadas.
Un Caso Político y Humanitario
El episodio pone de manifiesto las tensiones entre Venezuela y EE.UU., así como la creciente militarización de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump. Para Caracas, la deportación de sus ciudadanos a El Salvador no solo representa una violación de sus derechos fundamentales, sino también un intento deliberado de estigmatizar a toda una nación.
“Exigimos respeto absoluto a nuestros connacionales y su derecho a regresar a su patria”, concluyó Rodríguez durante la marcha en Caracas.
Mientras tanto, el futuro de estos migrantes sigue siendo incierto, atrapados entre disputas políticas internacionales y la falta de garantías legales que protejan su integridad y dignidad.
Conclusión: Un Debate Global Sobre Derechos Humanos
El caso de los migrantes venezolanos deportados a El Salvador ilustra los desafíos crecientes que enfrentan los países en materia de política migratoria y derechos humanos. Las denuncias de Venezuela plantean preguntas fundamentales sobre la legalidad y moralidad de medidas como la Ley de Enemigos Extranjeros, así como la responsabilidad de los estados involucrados en proteger a los más vulnerables.
A medida que la comunidad internacional observa este conflicto, queda claro que la solución dependerá no solo de decisiones judiciales, sino también del diálogo diplomático y el compromiso con los principios universales de justicia y derechos humanos.
